Maestros de la capital iniciaron hoy un paro por 48 horas, convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en rechazo a un reglamento de las autoridades para elegir mediante concurso a los directores de los centros de enseñanza del sector público.
El paro ha logrado un respaldo “de más de un 90 %”, dijo a Efe el profesor Frank Sabino, director de Relaciones Públicas de la ADP.
El Ministerio de Educación emitió en noviembre pasado la Ordenanza 24-2017 a través de la cual convoca a un concurso de candidatos con el objetivo de conformar ternas para ocupar los cargos de directores regionales y distritales, lo que, de acuerdo con los docentes, “atenta contra la estabilidad y paz laboral».
Esta medida “ha malogrado el derecho de los educadores”, afirmó Sabino, quien criticó el hecho de que el ministro de Educación, Andrés Navarro, no haya respondido varias cartas enviadas por los maestros para tratar la situación. No obstante, afirmó que en la ADP “estamos abiertos al diálogo y esperanzado” de que se pueda dar respuestas a los reclamos.
El gremio de maestros acusa a Navarro de “de estar desatendiendo las necesidades básicas de los centros educativos, obviando las ejecutorias y los compromisos que resultaron de la consulta que se realizó al magisterio en septiembre del pasado año».
Explica, además, que cientos de maestros fueron retirados de la nómina de Educación en 2017 tras ser acusados de cobrar sin trabajar, mientras que miles de empleados administrativos reciben amenazas de despedidos. También acusaron a la administración de Navarro de no aplicar el incentivo a miles de profesores por la evaluación del desempeño.
En la actualidad, apuntó la ADP en un comunicado emitido el martes, la mayoría de las escuelas del país “carecen de la inversión necesaria para el mantenimiento de la planta física, mobiliarios, equipos, personal docente, desayuno y almuerzo escolar». Por último, acusaron al ministro de utilizar parte del presupuesto de educación para promocionar supuestas aspiraciones políticas de cara a los comicios de 2020.
El Gobierno lleva a cabo lo que ha denominado ‘revolución educativa’ con miras al desarrollo y fortalecimiento de este sistema, que recibe cada año el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).