Este mes se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Se trata de uno de los casos más emblemáticos y que ha causado indignación mundial.

“Nunca dejamos de buscar a los jóvenes” indicó el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y horas antes de esa declaración, el mandatario enviaba una carta a los padres de los desaparecidos explicando lo que había hecho su gobierno para esclarecer los hechos, adjuntando también el tercer y último informe de la comisión presidencial sobre este caso.

Vidulfo Rosales es uno de los abogados de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y señaló que no tienen claridad sobre lo que se necesita para esclarecer el caso: “Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles probatorios que nos diga dónde estamos que faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso”.

Sin rastro

Ya van 10 años desaparecidos y sin que se tengan rastros de los 43 jóvenes que viajaban a una manifestación en Ciudad de México, las investigaciones no avanzaron durante la presidencia de Peña Nieto, los dos primeros años de López Obrador fueron esperanzadores, pero todo se frenó cuando los militares comenzaron a ser relacionados con la investigación.

“Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso, que el Ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido” indicó Rosales, quien además aseguró que “si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, sería muy difícil dar con el paradero y avanzar”.

Cabe recordar que ocho militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, pero en mayo pasado fueron dejados en libertad provisional levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusarán incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el Ejército. Ahora, las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre esclarecer la desaparición de los normalistas.

Rosales indicó que Sheinbaum ya se comprometió a que una vez que asuma el caso revisaría el expediente. “Podemos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas. Un diálogo donde se les considere, donde se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado y no se les vea como una disidencia política”.

En agosto de 2022, la comisión de la verdad creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes afirmó que lo ocurrido en iguala, fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del Ejército.