Llennis Jiménez 
Hoy se conmemoran dos años de las elecciones suspendidas por la Junta Central Electoral (JCE) para la escogencia de todos los funcionarios de los gobiernos locales (alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, subdirectores, y vocales en los municipios) en el país, las cuales debieron ser pospuestas para el 15 de marzo del mismo año.
Ningún tribunal electoral, penal o administrativo fue apoderado del proceso que ocasionó un escándalo en medio del proceso electoral y que provocó la posterior manifestación de cientos de jóvenes en la Plaza de la Bandera en repudio de la suspensión del certamen electoral y en reclamo de elecciones transparentes y de que se estableciera un régimen de consecuencias para los responsables del alegado sabotaje contra equipos, lo que de acuerdo a la JCE fue un fallo técnico, “un problema en el sistema de voto automatizado o electrónico que se utilizaba por vez primera en el país”.
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Las protestas no se hicieron esperar.
Primero, porque trascendió que la JCE se enteró de problema la noche antes y esperó a iniciar el proceso, y segundo, por la desconfianza que este generó ante la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que no confiaba en el accionar del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aferrado al poder.
Pero el presidente de la JCE, entonces, Julio César Castaños Guzmán, anunció la decisión de suspender las Elecciones Ordinarias Generales Municipales en todo el país.
El punto más cuestionado
El coronel de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta le dijo al PRM que organismos de seguridad del Estado maniobraban para vulnerar el proceso y que lo supo de Manuel Antonio Regalado Martínez, entonces técnico de la compañía Claro.
Ambos fueron detenidos e investigados, pero luego fueron dejados en la libertad.
