La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró que no es prudente autorizar operaciones  a nuevas empresas hasta tanto no se le de  cumplimiento a lo establecido en la  Ley 253-12 y se realice un proceso de revisión de la Ley 28-01, que otorga incentivos a las empresas instaladas en la zona fronteriza.   

La vicepresidente ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar, dijo que, en primer lugar, la AIRD advierte  a todas las entidades gubernamentales  y al Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo la necesidad de  cumplir con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 253-12,  que manda a que antes de ser aprobada cualquier empresa bajo un régimen fiscal especial debe contar con un estudio de factibilidad y tener la no objeción del Ministerio de Hacienda.  Indicó  que esa posición también fue refrendada por Hacienda en una comunicación que está remitiendo el Consejo de Desarrollo Fronterizo, a lo cual deben dar complimiento.

Explicó que fue establecido un plazo de 60 días para la revisión de la Ley 28-01, el cual, aunque no se cumplió, no significa que se obvie el mandato establecido para tales fines en la Ley 253-12. “Eso está en proceso y debe darse cumplimiento a esa modificación de la ley para evitar competencia desleal”, dijo.

Dijo  que si no se consigue modificar  la Ley 28-01 se producirá una avalancha de industrias localizadas en otras partes del país hacia la frontera, más ahora que se agrega el hecho de que las que estén localizadas en esa zona del país no tendrán que pagar el Impuesto de Circulación Vehicular (ICV- Marbete 2013).

 Citó el ejemplo de la Cervecería Nacional Dominicana, por lo que dijo que si no se resuelve el tema de la competencia desleal, que según alegan los industriales provoca la Ley 28-01, todas las empresas que operan a los largo y ancho del territorio nacional terminarán solicitando mudarse a la frontera.

Ayer la sección Economía de este diario reveló que hay una convocatoria al Consejo de la Zona Fronteriza para conocer solicitudes de quince empresas para su aprobación, que incluye empresas fabricantes de PVC y de muebles para el hogar, lo que constituiría una competencia desleal en renglones con sobrecapacidad instalada.