El gasto de bolsillo ronda el 45% del gasto nacional en salud, nivel muy alto con relación al de sus comparables en la región

Al igual que en pensiones, tema que no será tocado en esta oportunidad, el sistema de salud de la República Dominicana, basado en la capitalización individual, requiere de reformas que se han venido posponiendo durante mucho tiempo, dejando el terreno abonado para que crezcan y se reproduzcan distorsiones e inequidades que pagan los usuarios o clientes a través de servicios caros e ineficientes.

Llora ante la presencia de Dios el hecho de que todavía en el país el gasto de bolsillo ronda el 45 por ciento del gasto nacional en salud, nivel muy alto con relación al de sus comparables en la región.

En República Dominicana solo el gasto en medicamentos asciende a alrededor de 400 millones de dólares.

Como señala el especialista Arismendi Díaz Santana, “resulta muy lamentable que después de dos décadas, todavía no se haya implantado el primer nivel de atención (PNA), basado en la estrategia de atención primaria, ni se haya aprobado un verdadero Plan Básico de Salud (PBS), manteniendo el viejo modelo curativo, excluyente y costoso. También está en el limbo el Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia”. Todo esto en incumplimiento de la Ley 87-01.

De manera que la indefinidamente pospuesta reforma del sistema de salud se justifica plenamente, para hacer más eficiente el servicio y reducir los altos pagos de bolsillo (o copagos) que deben hacer las familias cuando son atendidas.

A tal punto que las enfermedades se han constituido en la principal causa de quiebra de las micro y pequeñas empresas familiares dominicanas.

La reforma deberá estar orientada a reducir la preminencia que tiene el gasto de bolsillo en la prestación de los servicios de salud, cerrando la brecha de aseguramiento en salud y se ampliando el número de servicios cubiertos por el PBS.

Esto implica ampliar y mejorar la cobertura de los seguros de salud públicos y/privados, de manera que se pueda alcanzar la más alta eficiencia posible en la asignación de recursos y disminuir los niveles de riesgo financiero en salud al que está expuesta la población.

Además, se deben fomentar fórmulas de agregación y organización de los recursos de gasto de bolsillo actual para mejorar su eficiencia.