Al ser los combustibles una fuente esencial de energía, es un tema que mantiene en  estado de tensión todas las semanas, a la ciudadanía y a las empresas en general.

Mediante la ley 112-2000 se establecieron impuestos fijos por galón de: 18 pesos a la gasolina premium y 15 a la regular,  6.30 al gasoil premium y 5 pesos al  regular, que mantenía una carga impositiva invariable y resultaba más llevadero con los vaivenes en los precios internacionales.

En diciembre del 2005 mediante ley 557-05 le impusieron un nuevo impuesto selectivo de 13% advaloren, y al año siguiente lo aumentaron al 16% con la ley 495-06, que también aumentaron los impuestos fijos establecidos, resultando  que  la semana pasada,  los montos de los impuestos por galón eran: Gasolina premium 65.52  incrementándose en 364%, y regular 59.51 incrementándose  396%; Gasoil  premium    40.92 incrementándose 646%, y regular 36.00  incrementándose  720%.

Esta situación de aumento de los impuestos a los combustibles resulta contraproducente  cuando las empresas necesitan insertarse en el mercado externo, reducir costos y mejorar su calidad para poder sobrevivir a las aperturas, que con excepción de los impuestos arancelarios, las naciones miembros de los Acuerdos Comerciales que ha firmado el país pueden exportar a nuestro territorio.

De esta forma, cuando se hacen más caros el gobierno  cobra  más impuestos, lo que imposibilita el desarrollo y dificulta el desplazamiento, al igual que la producción de alimentos y artículos industriales, teniendo como consecuencia  los precios de ventas al consumidor más altos de la región.

Sin embargo, todo el que va a una estación de expendio paga el combustible, pero el gobierno a través del Acuerdo Petrocaribe firmado con Venezuela  en el 2005 solo salda una parte de la factura petrolera, financiando el resto. El monto de la deuda por este convenio es de aproximadamente 1,800 millones de dólares, 67,860 millones de pesos    según Caracas, aunque las autoridades locales estiman otra.

Esto significa que en 4 a 6 años, al ritmo que vamos, habría que establecer  un impuesto adicional para pagar esa deuda y de esa forma cada persona habrá de pagar nuevamente el combustible que está comprando ahora.

También sería preciso revisar  el precio de paridad que sirve de base para establecer los impuestos, los márgenes de comercialización y el precio al detalle, pues podría calcularse en base a los datos  reales de compras en el exterior, porque mantener la fórmula actual podría suponer una  alteración en los cálculos que se fijan cada semana, pues cuando se compra y cuando se vende transcurre un tiempo que puede servir para que el Estado audite, certifique estos precios y calcule los precios de venta nacional.

Es oportuno reflexionar al respecto, mejorar los controles para evitar el trasiego de los combustibles exonerados y revisar la legislación existente para aliviar la carga de quienes compramos pagando la totalidad del combustible, pero  quedamos debiendo parte de lo comprado.