Hoy 
Al concluir ayer la etapa preliminar del juicio que se sigue a 27 personas por la matanza de Paya, Baní, todos los acusados se declararon inocentes.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, fijó para el 23 de febrero la lectura de la sentencia.
Ese día se sabrá quiénes de los acusados de la matanza de siete colombianos y de apropiarse de un cargamento de 1,300 kilogramos de cocaína, hace un año y cinco meses, van a juicio de fondo, como solicitó la Fiscalía, y quiénes serán excluidos del proceso con un no ha lugar, como pidió la defensa.
En la última audiencia de la instrucción de ayer, q ue duró más de seis horas, fueron escuchadas las conclusiones de los 17 acusados que faltaban por presentar sus peticiones finales.
Sus abogados coincidieron en solicitar al juez que ordene la exclusión de los co-imputados, declarando nula la acusación del múltiple asesinato, de narcotráfico y de porte ilegal de armas de fuego.
Los defensores argumentaron que la Fiscalía no estableció la culpabilidad de los procesados ni incorporó los elementos probatorios.
Los acusados. El Ministerio Público reiteró que se mantienen los presupuestos para que los señalados como ejecutores de la matanza y apropiación de la droga, sean enviados a juicio de fondo.
Restitución bienes
Agencias de venta de vehículos, propietarios de bienes e imputados del caso solicitaron al juez Berroa Hiciano que disponga la entrega de muebles e inmuebles secuestrados por el Ministerio Público en la apertura del expediente, ya que son legítimos dueños. El Ministerio Público respondió que no procede la devolución.
Los inculpados exigieron sus bienes por considerar que no fueron sometidos por la Ley de Lavado de Activos, 72-02. Los particulares persiguen vehículos que tenían en venta en El Duro Motors. Algunos abogados acusaron a los fiscales de hurtar los bienes de sus defendidos.
El Ministerio Público considera que en este caso no vale la posesión de título, sino la persona que detentaba el bien al ser incautado. Recomendó a las agencias de venta de vehículos devolver los pagos a los compradores.
Sánchez Piña reclama la devolución de dos vehículos y un celular; Eduard Lara, hermano de Luis Lara, exige una finca y tres perros; Montás pide entrega de una casa, Elvin Badía Núñez y Francisca Olba Pérez un vehículo cada uno, Clarissa solicitó una casa que alquilaba a Guzmán Pérez.
Co-acusados
Ex teniente coronel Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo; ex capitanes Edward Mayobanex Rodríguez Montero y Jorge Luis Chalas; ex sargento Antonio Roché Pineda, ex primer teniente Andrés Tapia Balbuena, el ex mayor Jesús Sánchez Piña, los ex policías Redys Manuel Encarnación y José Vinicio Simé (quien también es abogado). Los civiles son: Luis Jesús Lara Martínez, José Luis Montás Vargas, (El Duro Motors); Girson Antonio González, Augusto Alberto Danery, Orin Clinton Gómez Harford, Yaneuris Manuel Calvo, Dennis Jairo Rodríguez, Pedro González Estévez, Domingo Enésimo Marmolejos, Kilvio Santana Féliz, Joaquín Féliz Pérez, Noé Martín Sterling Villalón, Alexander Restrepo Carmona, Félix Mora Terrero, Víctor Montás Pérez, Andrés Berroa Mercedes (Kapi), Scarlet Aristy Rosa y Marcos Fajardo.
