POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El impenetrable silencio con que el gobierno del presidente Leonel Fernández ha respondido a la renuncia del licenciado Gustavo Montalvo al cargo de director técnico de la Comisión Nacional de Etica (CNE) y otras funciones gubernamentales pone en jaque el recién creado organismo encargado de diseñar políticas anticorrupción.

La dimisión del prestigioso dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaría también motivada por la renuencia del presidente Fernández a emitir el decreto elaborado por la CNE para establecer concursos y licitaciones para las compras, y contrataciones de obras, servicios y concesiones del Estado.

Esas circunstancias han desprestigiado las políticas anticorrupción que se supone había puesto en práctica el gobierno, generando desconcierto e inconformidad en las instituciones de la sociedad civil comprometidas en la búsqueda de mecanismos de transparencia.

Portal poco transparente

En el diario electrónico Clave Digital se encuentran todos los documentos relacionados con la renuncia de Montalvo, a partir del día primero de septiembre. El detonador parece haber sido la decisión de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación(OPTIC), dirigida por el ingeniero Domingo Tavárez, de contratar por 13 millones de dólares la instalación del portal electrónico del gobierno para un Centro de Atención al Ciudadano.

El asunto es que entre las funciones de Montalvo estaba la de director del programa de Modernización del Poder Ejecutivo (Proreforma), instancia que había elaborado una propuesta de apenas 2 millones de dólares.

Las versiones indican que Tavárez, quien también es coordinador de Informática y Telecomunicaciones de la Fundación Global y desarrollo del presidente Fernández, habría otorgado el contrato a la empresa Microsoft, en una licitación que originó cuestionamientos hasta de la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo más irónico del caso es que el portal forma parte de lo que se ha denominado como «gobierno electrónico», encaminado a hacer transparentes los actos oficiales, dentro de una política general de prevención de la corrupción, poniendo a disposición del público toda la información oficial.

En varias comunicaciones al Secretario Técnico de la Presidencia, entre junio y julio, el BID mostró preocupación «por la ausencia de procesos transparentes y competitivos en los procesos de licitación que lleva a cabo la OPTIC», según documentación en manos de Clave Digital.

El 17 de junio una carta del organismo internacional advertía que el proceso seguido por la OPTIC «es contrario a los procedimientos de licitación que recomienda el BID, porque no asegura los principios de economía, eficiencia, transparencia y equidad».

Los reclamos llevaron al secretario Técnico, Temístocles Montás, y a la Comisión Nacional de Etica a solicitar al director de la OPTIC la suspensión de la licitación. Cuando se convencieron de que Tavárez seguía adelante sin hacerles caso, Montás apeló al presidente de la República, para que ordenara suspender las licitaciones «en razón de que el ingeniero Tavárez no acepta ninguna otra instrucción que no sea la suya»,lo que implicaba una queja de insubordinación del asesor de informática.

Un decreto congelado

Pero la renuncia de Gustavo Montalvo, uno de los fundadores del PLD, parece estar originada en una cadena de frustraciones de los comisionados éticos del gobierno, la mayor de las cuales podría ser la renuencia del mismo presidente Fernández a establecer normas obligatorias para concursos y licitaciones en las compras y contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones del Estado.

Desde su creación, mediante el decreto 101-05 del 16 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción se ha empeñado en eliminar las contrataciones de grado a grado consideradas como uno de los huecos por donde se escapa una mayor proporción de los recursos del Estado y principal fuente de corrupción.

El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, miembro también de la comisión, dijo por Uno más Uno de Teleantillas a principio de año, que desde el período de transición, tras las elecciones de mayo del 2004, se venía trabajando en un proyecto de decreto para reglamentar las contrataciones y compras estatales.

La elaboración de ese decreto fue de las primeras tareas emprendidas por la CNE tan pronto fue juramentada . El proyecto fue entregado al presidente Fernández en mayo pasado y casi 4 meses después duerme un prolongado sueño, pese a los numerosos reclamos de la opinión pública y particularmente de las instituciones sociales vinculadas a la lucha contra la corrupción.

Una de las más precisas y contundentes apelaciones a favor del decreto fue formulada el 22 de agosto pasado por la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano , entidades que agrupan a cientos de organizaciones de la sociedad civil.

Estimaron la emisión del decreto como impostergable para dar aliento a las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Mientras el proyecto de decreto duerme en alguna gaveta presidencial, los organismos del Estado han seguido otorgando contratos de grado a grado para obras públicas, que en algunos casos comprometen el patrimonio público con miles de millones de pesos, y ordenando compras hasta por mil millones de pesos, como fue el caso del antiguo edificio de la telefónica Verizon.

Hay excepciones de organismos estatales que tienen tradición de realizar concursos, como la secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Un caso significativo ha sido el del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) , cuya titular, la doctora Elena Fernández Núñez, ha declarado que se está ahorrando hasta un 50 por ciento al comprar medicamentos mediante licitaciones públicas. Pese a ese logro, la secretaría de Salud Pública, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y los hospitales públicos y de las Fuerzas Armadas siguen comprando por su parte y sin licitaciones.

Peligra la Comisión de Etica

Que no haya habido ninguna reacción gubernamental ante la renuncia de Montalvo es visto con preocupación en los ámbitos de la sociedad civil, donde ya se cuestiona abiertamente la voluntad del régimen para instaurar la transparencia y combatir la corrupción.

También ha resultado decepcionante que el presidente de la CNE, el doctor el silencio, mientras el consultor jurídico César Pina Toribio, restaba trascendencia a la renuncia de Montalvo.

Esas circunstancias han llevado a algunos dirigentes de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad a reclamar el retiro de su representante en la CNE, el sociólogo y excoordinador de Participación Ciudadana Ramón Tejada Holguín. Celso Marranzini, en representación del sector empresarial, y el reverendo Cristóbal Cardoza, por las iglesias evangélicas, también forman parte de la comisión.

No ha habido consenso, pues algunas entidades son partidarias de «luchar desde dentro» y evitar lo más posible el retiro, lo que dejaría muy mal tarada y contribuiría al desprestigio de la comisión. Hay quienes creen que los dirigentes sociales no deben renunciar a los escenarios de participación ganados, más que en situaciones extremas.

Aunque de hecho, las inconformidades respecto a la CNE vienen de más atrás, y también están relacionadas con pronunciamientos de su presidente Bidó Medina que habrían rebasado las facultades de la misma. Como por ejemplo cuando tramitó expedientes a la Procuraduría General, identificando a involucrados, desde luego de la oposición perredeista, sin que hubiese una previa investigación ni resolución de la comisión.

Desde el principio hubo confusiones gubernamentales sobre las facultades de la Comisión Nacional de Etica. Hasta el presidente Fernández llegó a decir que la misma tendría facultad para investigar actos de corrupción, cuando su propio decreto de creación la instituye como organismo asesor y fomentador de la etica y la transparencia pública .

Tejada Holguín es el único de los miembros de la Comisión que no ha guardado silencio tras la renuncia de Montalvo. Consideró que el escándalo en que está involucrado el asesor de Informática del Poder Ejecutivo es sumamente grave, y proclamó que la renuncia del peledeista «ha hecho que el castillo se derrumbara, porque parece que estabas sustentado en bases irreales».

El desazón en la sociedad civil aumentó el jueves cuando los funcionarios intregrantes de la CNE, excepto el director del Departamento de Prevención de la Ciorrupción Octavio Líster, dejaron de asistir a un coloquio donde se debatiría el Plan Nacional Antircorrupción, precisamente elaborado por la comisión. El evento fue convocado con anticipación a los últimos incidentes por la Fundación Institucionalidad y Justicia.

El presidente de la CNE, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y otros ejecutivos se excusaron a último minuto y se anunció que no podía estar porque se encontraban en una reunión urgente de la comisión, lo que provocó burlas ya que Líster y Tejada Holguín, presentes en el evento, dijeron que no habían sido convocados a tal reunión.

Aún quienes creen que todavía hay que hacer esfuerzos por salvar la CNE tienen la convicción de que el gobierno no está siendo coherente en su política anticorrupción y que la misma está en vías de naufragar, lo que genera desconcierto y frustraciones, aunque también nuevas voluntades de lucha contra el flagelo nacional de la corrupción.-