En la actualidad, todos los imputados por casos de presunta corrupción administrativa contra quienes se había dictado prisión preventiva del 2020 a la fecha, han sido favorecidos con variaciones de la medida de coerción.

Los especialistas lo saben, pero para fines de conocimiento de la ciudadanía en general es bueno reiterar que ni lo anterior era una declaración de culpabilidad ni lo actual de inocencia. Es apenas ahora cuando se está conociendo el fondo de estos casos.

Ahora bien, ¿significa esto que los casos de presunta corrupción se están desplomando? Espero que no. Es válido recordar que el sometimiento de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, que involucran a altos exfuncionarios y militares, significó un hito porque lo normal era que esos casos no se investigaran.

A los datos me remito. Un estudio de Participación Ciudadana titulado “La Corrupción sin Castigo” documenta que de 227 casos de presunta corrupción administrativa, solo seis tuvieron sentencias definitivas y solo en uno hubo condena.

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Sin embargo, es importante destacar que la respuesta institucional al hartazgo significó una válvula de escape segura para la indignación ciudadana y el hartazgo social. Las marchas masivas no terminaron en estallido social porque las instituciones canalizaron el reclamo ciudadano. Justamente aquí radica una de las ventajas comparativas de República Dominicana frente a otras naciones. La estabilidad política y social hace de este país un lugar atractivo para las inversiones extranjeras.

Es por esto que es bueno recordar a los tomadores de decisiones en estos litigios, que sin violentar el debido proceso y sin vulnerar la presunción de inocencia es importante que estos casos avancen.

Y aunque hay quejas por la extensión de los expedientes, el Ministerio Público ha explicado que se debe a la necesidad de sobreprobar los casos para evitar “la jurisprudencia de la corrupción”, que en palabras de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, implica que los tribunales varíen sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado.

De modo que, aquí la responsabilidad es sobre todo del Poder Judicial porque como moderadores de estos procesos, los jueces y las juezas deben garantizar que, sin afectar nunca los derechos de los acusados, ni el Ministerio Público, ni las barras de las defensas incidenten los procesos, en el caso de los segundos a los fines de alargarlos para que, tal vez, se cumpla el plazo máximo que otorga la ley para estos fines o, esperando que haya un cambio de Gobierno y de procuradores fiscales que le sea conveniente.

Lo que ha estado sucediendo obedece a lo contrario, la semana pasada se suspendió una audiencia porque un imputado “tenía que asistir a un compromiso familiar” y en el caso Medusa calendarizar las audiencias fue difícil porque los abogados tenían mucho trabajo y los imputados otros compromisos, como si su concurrencia en este proceso fuera un asunto secundario u opcional.

Urge entonces que el Poder Judicial demuestre su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, tal cual lo han hecho otras instancias y, más importante aún, como lo ha hecho la ciudadanía. De lo contrario, su credibilidad seguirá en juego y la estabilidad social del país enfrenta un gran riesgo.