San Juan.– Las esperanzas del Ejecutivo de Puerto Rico de que la ayuda legislativa de Washington llegue a tiempo para evitar un nuevo impago de deuda el 1 de julio se están disipando ante el tranque del Congreso federal, lo que le obliga a buscar alternativas.

Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal de Representantes, reiteró hoy que está a punto de presentarse el proyecto legislativo con el que se pretende ayudar a Puerto Rico a reestructurar ordenadamente su deuda de 70.000 millones de dólares.

En un principio se esperaba que esa medida estuviera lista en el primer trimestre del año, pero la falta de acuerdo político la ha ido retrasando y hasta hoy, viernes y mediados de mayo, el Congreso no ha logrado consensuar medida alguna.

Así, los políticos puertorriqueños empiezan a temer que la ansiada ayuda de Washington -que si llega previsiblemente lo hará acompañada de la imposición de una junta de control fiscal que supervise la actividad del Gobierno- no estará lista para los vencimientos del 1 de julio, que rondan los 2.000 millones de dólares.

Entre ellos, 700 millones corresponden con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, donde se dice expresamente que su abono tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto.

Así, y ante la falta de un pronunciamiento aún del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la legalidad de la llamada Ley de Quiebra criolla -que previsiblemente habrá que esperar hasta finales de junio-, cada vez son más las voces que apuntan a que el Gobierno debería recurrir a esa ley.

Esa ley fue aprobada por el Legislativo local para establecer un marco legal que permitiera a las corporaciones públicas de la isla declararse en bancarrota.

El hecho de que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a EE.UU. hace que no cuente con el derecho que tienen el resto de los Estados de ese país de acogerse a la Ley federal de Quiebras, que permite a sus municipios y organismos públicos reestructurar ordenadamente sus deudas.

Esta desigualdad está intensificando además el argumento de que debería revisarse el estatus político de la isla, incluso dentro de las filas del partido gobernante, tradicional defensor de la figura del Estado Libre Asociado.

El presidente del Senado local y exdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, afirma hoy en una entrevista en el principal diario de la isla que en EE.UU. ya nadie apoya la continuidad del estatus que tan apasionadamente ha defendido siempre su partido. “No he escuchado a una sola alma, una sola persona en EE.UU. que me diga que (ser soberano y mantener la ciudadanía estadounidense) es posible.

El único paralelo que existe en la historia de EE.UU. es la forma que se trata a las tribus indígenas y eso no es lo que Puerto Rico aspira a ser”, afirma. Añade que “nadie en su sano juicio” va a apoyar en EE.UU. la anexión de Puerto Rico, que sería “el Estado más pobre”, mientras que “hay gente (en Washington) que “en privado te dice que Puerto Rico debería ser como Panamá».

“Pero en la medida en que la situación fiscal se agrave, los puertorriqueños más miedo le van a tener a esa opción (la independencia) y más van a votar por una opción más cercana a EE.UU.”, explica en la entrevista. En ella también afirma que parte el equipo económico del Gobierno no es el mejor para gestionar la crisis fiscal que sufre la isla, que el 1 de mayo incurrió en su primer impago masivo de deuda.

Al respecto, el gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy que tanto él como su equipo están tomando decisiones “valientes”, mientras “otros que no trabajan en equipo han hecho más difícil la batalla que juntos tenemos que dar». Igualmente, reaccionó ante las críticas que están surgiendo estos días a su estrategia de hablar de la “crisis humanitaria” que sufre Puerto Rico para presionar al Congreso federal.

La senadora del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP) y candidata a la gobernación, María de Lourdes Santiago, defendió hoy que el Gobierno debe declarar el impago total de la deuda, mientras que para el principal partido de la oposición, el Partido Nuevo Progresista (PNP), abogó por presentar cuanto antes un presupuesto creíble para el ejercicio fiscal que comienza en menos de dos meses.