WASHINGTON, (AFP).- El debate en torno a una reforma migratoria que solucione el problema de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos se encendió en los últimos días, con la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que difiere de algunas ideas que maneja la Casa Blanca.

La semana pasada, legisladores demócratas y republicanos presentaron un proyecto que incluye medidas para reforzar la seguridad fronteriza, mayores penas por delitos migratorios, y un plan de trabajo temporal que privilegia la contratación de estadounidenses pero que abriría un camino a la regularización e incluso a la ciudadanía de los inmigrantes.

La iniciativa incluye un programa de visas para potenciales inmigrantes que permitiría a estas personas establecerse con sus familias en Estados Unidos por tres años, con opción a otros tres, para trabajar legalmente.

La disposición establece que los empleadores deben ofrecer «primero el trabajo a cualquier trabajador estadounidense eligible que califique».

La norma permite que los beneficiarios busquen una «residencia permanente con condiciones luego de cinco años de empleo», y eventualmente, la ciudadanía.

En el caso de los inmigrantes indocumentados ya en el país, el proyecto prevé un programa de visas para ellos y sus familias, válido por seis años.

Esta visa permitiría a esas personas -que tendrían un estatus denominado de «no inmigrante condicional»- trabajar y viajar, y los protegería de ser expulsados del país. Podrían buscar este beneficio incluso aquellos inmigrantes que actualmente enfrentan procesos de deportación.

Esta parte de la ley prevé asimismo la posibilidad de que, una vez obtenida la categoría de «no inmigrante condicional», los trabajadores y sus familias busquen obtener residencia permanente. La norma establece multas para los trabajadores indocumentados que busquen la legalización.

Esta iniciativa despertó reparos en grupos que apoyan a los inmigrantes, pero también cosechó aplausos por considerar alternativas para que estos trabajadores accedan a un estatus legal con posibilidad de residir en el país.

De su lado, el plan de la Casa Blanca ha cosechado más críticas que apoyos de quienes quieren que la Presidencia impulse un proyecto de reforma con los dos partidos en el Congreso.

El influyente cotidiano The Washington Post denunció el lunes un proyecto «divorciado de la realidad», que es más un «documento político» destinado a «aplacar» a los sectores republicanos más duros que un «programa factible destinado al éxito en el mundo real».

El diario cuestionó en particular el concepto de «trabajadores temporales» que deben dejar el país por seis meses cada dos años manejado por la Casa Blanca, en una economía en la que, indicó, «se estima que unos 400.000 trabajadores inmigrantes serán necesarios anualmente para satisfacer la demanda del mercado laboral».

Asimismo denuncia la idea de no permitir que los «trabajadores temporales» traigan con ellos a sus familias.

«Todavía la Casa Blanca está haciendo muy poco para generar un plan que pueda reunir apoyo bipartidista y reformar efectivamente las irrealistas normas sobre inmigración del país», señaló el diario que criticó además la idea de hacer pagar fuertes multas a los inmigrantes ilegales que intenten regularizarse.

El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), una coalición de grupos proinmigrantes, señaló en una declaración enviada a la AFP que «el plan migratorio de la Casa Blanca es un ataque a familias, trabajadores, y todos los inmigrantes».

«Sin un paso hacia la ciudadanía y simplemente elegibles para visas (…) que solo serían efectivas por tres años, este plan transformaría a inmigrantes indocumentados en residentes de una permanente clase baja», señaló el FIRM.

«Además permitiría que los trabajadores inmigrantes, que con sus grandes esfuerzos contribuyen de una manera considerable al país, sean víctimas de explotación continúa por empleadores sin escrúpulos», añadió.

«Necesitamos una reforma que beneficie a todos los inmigrantes actualmente en el país pero para que esto ocurra también necesitamos que el Congreso y la Casa Blanca trabajen juntos de forma bipartidista», reclamaron estas organizaciones.

El año pasado el Congreso fracasó en aprobar una reforma por diferencias entre demócratas y republicanos.