Se entregó hoy  de forma voluntaria otro de los implicados en el presunto entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia de la familia Rosario.

Evelyn García, encargada del departamento de Investigación y Falsificación, declaró que Hilario Amparo acudió a las oficinas del edificio investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional, acompañado por sus abogados.

El Ministerio Público informó que Amparo se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y que en las próximas horas será depositada la solicitud de medida de coerción.

Por el «entramado fraudulento» al que vincula a Amparo, el Ministerio Público también imputa a Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero y el abogado Johnny Portorreal, quien permanece prófugo.

A Gómez Santana un juez le impuso medidas de coerción de garantía económica, un grillete electrónico e impedimento de salida del país, mientras que el conocimiento de la medida para De Oleo Encarnación está pendiente.

Aplazan audiencia. Precisamente este jueves, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó, a solicitud de la defensa, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra De Oleo Montero, alias Miguelón.

El coordinador de litigación de la Fiscalía del Distrito Nacional, Denny Silvestre, declaró que la decisión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró se produjo en atención a la petición realizada por la barra de la defensa del encartado.

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En la instancia presentada por el órgano de la acusación destaca que el grupo que integran Gómez Santana, De Oleo Montero, Amparo y Portorreal se acercó a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes sumas de dinero, con la finalidad de incluirlas en el proceso de cobro de una supuesta herencia dejada por Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos), presuntamente reclamada en España y Suiza.

Durante la investigación y según testimonios de los afectados, los encartados dijeron a las más de 280 víctimas que el dinero había sido transferido al Banco Central de la República Dominicana y posteriormente trasladado al Banco de Reservas, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich de Suiza, para cuyos trámites internos les requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.

El órgano persecutor ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017, sobre Lavado de Activos.

La solicitud de prisión preventiva se hace en virtud de que Miguel De Oleo Montero alegadamente tenía pleno conocimiento de las actividades a las que se dedicaba el grupo, lo cual constituye una violación expresa al ordenamiento jurídico establecido.