LA PAZ (AFP).- La tensión se disparaba el martes en Bolivia, después que el departamento de Santa Cruz, el más pujante del país, se paralizó en oposición al aumento de los precios de las gasolinas y potenció la crisis en la indígena El Alto, en huelga contra una filial de una empresa de aguas francesa.

Santa Cruz, bastión de la economía boliviana, se alzó contra el aumento de los precios de las gasolinas, especialmente el diesel (gasoil), el más empleado por la industria de la soja, que se asienta en esa zona tropical del país. Santa Cruz consume el 60% del diesel que se vende en Bolivia.

La medida de fuerza, que se cumple con «alto nivel a acatamiento» y que se extenderá hasta el miércoles ha sido ordenada por el Comité Cívico departamental (provincial), que en noviembre pasado exigió al presidente Carlos Mesa «autonomía».

Sectores empresariales de Santa Cruz (900 km al este de La Paz), la región más pujante y poblada en el oriente de este país andino, llegaron a sugerir incluso la secesión de Bolivia.

La huelga, que ha colapsado todos los rubros de la actividad, se cumplía en todas las provincias de Santa Cruz, excepto en la localidad petrolera de Camiri, cerca de la frontera con Paraguay.

La huelga en Santa Cruz que genera pérdidas por 10 millones de dólares diarios, pareció agudizar la crisis boliviana que provocó similar medida en El Alto, donde el gobierno de Mesa desplegó a fuerzas militares para custodiar las instalaciones de la concesionaria francesa »Aguas del Illimani».

La medida de carácter preventivo se ejecutó después que vecinos de esa ciudad de 800 mil habitantes indígenas en el oeste andino boliviano intentaron tomar pacíficamente las oficinas de la compañía, en el segundo día de una huelga contra la concesionaria francesa Suez Lyonnaise Des Eaux.

El viceministro de Coordinación Parlamentaria, Carlos Agrega, advirtió que la toma de las instalaciones de la compañía de aguas equivaldría caer «en la trampa que nos están tendiendo de abrir el paso para señalar que en Bolivia hay un ambiente de convulsión y que no se respeta a los inversionistas».

Medios locales especulan que si se rescinde unilateralmente el contrato entre La Paz y la concesionaria Aguas del Illimani podría ser causal de un juicio por unos 70 millones de dólares de indemnización.

El gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Galindo, volvió a advertir que «grupos radicales quieren montarse en la protesta ciudadana para conducirnos a extremos» de violencia.

Mesa advirtió con dimitir si la protesta de Santa Cruz y El Alto degeneran en episodios de violencia.

En tanto el Movimiento Al Socialismo, segunda fuerza congresal del líder cocalero Evo Morales, manifestó su apoyo a Mesa y pidió a los vecinos de El Alto «no servir a la oligarquía» de Santa Cruz que busca la cabeza del mandatario.

«No puede haber corrientes que acondicionen la caída de Mesa», pidió el senador socialista Filemón Escobar, en momentos en que el Gobierno, que se mantuvo en 15 meses de gestión al margen de los partidos, logró cooptar a congresistas disidentes de otras fuerzas para apuntalarse en el congreso.

Morales sugirió este martes el recorte del mandato de Mesa, tras asegurar que éste «se separó del pueblo».