Se impone fortalecer la democracia

http://hoy.com.do/image/article/332/460x390/0/F3AD0A05-6237-4063-B42D-0D0548F83F27.jpeg

LEANDRO GUZMÁN
Los que creemos en la democracia no tenemos por norma abjurar de los partidos políticos. Ellos son necesarios para fortalecerla, aún cuando el proceso sea lento, pues son muchas las imperfecciones que tiene.

En el caso dominicano del presente, los partidos políticos parece que cada día se apartan no solamente de los orígenes que les dieron vida, sino de la lucha para fortalecer la democracia. Esto es hasta cierto punto entendible, pues en este mundo globalizado priman más los intereses económicos que los patrióticos, aunque todavía existan algunos ilusos que, como nosotros, creemos que es posible lograr una democracia con justicia social, sin necesidad de ataduras con grupos hegemónicos solamente porque tienen el poder del dinero.

En ese contexto, todo lo que ocurra a lo interno de los partidos políticos es de interés público y, por lo tanto, tenemos el derecho a opinar, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones.

En esta oportunidad nos referiremos a la próxima Convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pautada para el siete de enero próximo. Como es de conocimiento público, en esa Convención se elegirá el candidato presidencial para las elecciones previstas para el 16 de mayo del 2008. Hasta ahora hay dos firmes candidatos: el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y la doctora Milagros Ortiz Bosch, abogada, ambos con un historial de larga data en el PRD.

Ese partido designó una comisión organizadora de la Convención, presidida por la educadora licenciada Ivelisse Prats de Pérez, luchadora de muchos años dentro del PRD, con gran experiencia en asuntos organizativos.

Las cosas aparentemente iban bien, hasta que la doctora Ortiz Bosch denunciara que la licenciada Prats de Pérez se inclinaba por favorecer a Vargas Maldonado. La llamada Corriente Unitaria, compuesta por ex aspirantes presidenciales que cedieron el paso a la doctora Ortiz Bosch, puso la tapa al pomo al decir que la Comisión Organizadora de la Convención ha creado comisiones municipales “a imagen y semejanza de Vargas Maldonado”.

Pero aún más, pues denunció también que la Comisión que preside la licenciada Prats de Pérez recibió la suma de RD$5.000.000 (cinco millones de pesos) para los trabajos en el interior que hizo el empresario Ernesto Fabré, descrito como uno de los más cercanos colaboradores de Vargas Maldonado.

En ese escenario, la licenciada Prats de Pérez se inhibió a continuar como presidenta de la Convención Organizadora. Si esa inhibición se mantiene y transcurre un tiempo prudencial para organizar las cosas, muchos ponen en dudas que la Convención se celebre en la fecha prevista.

En una ocasión nos referimos a la violenta confrontación que hubo entre perredeístas en una Convención celebrada en el antiguo hotel Concorde, que no terminó en una verdadera tragedia porque en ella estaba el líder indiscutible del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez. Pero hoy Peña Gómez no está, y tampoco existe alguien con las condiciones suyas como para evitar otra nueva confrontación dentro de las tendencias que aspiran a dirigir los destinos del país a partir del 16 de agosto del 2008.

Es una pena que todo esto suceda.

Los partidos quedan gravemente erosionados cuando sus propios dirigentes se denuncian como manipuladores o como receptores de dinero para torcer voluntades a favor de determinado candidato.

Esto vicia el proceso democrático, puesto quien aporta su dinero para lograr un fin político, a la larga pasa su factura, dinero que finalmente tiene que pagar el pueblo. Con el fin de preservar la democracia es que los distintos gobiernos han consignado partidas en el Presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE), fondos que son distribuidos anualmente de acuerdo a la proporción de militancia que tenga cada partido político.

Es bueno decir que esto ha sido usado como un negocio por muchos de los llamados “partido emergentes”, que reciben fondos sin tener una verdadera representatividad de los electores. Generalmente, muy pocos partidos rinden cuenta de los fondos públicos recibidos, mucho menos de los privados. Hasta ahora nunca ha sido dada a conocer una detallada auditoría hecha por la JCE sobre el destino de los fondos erogados a favor de esas organizaciones, supuestamente para fortalecer la democracia. El día que lo haga, sin duda que caerán muchos altares.

En momentos en que se pretende escoger una nueva Junta Central Electoral (JCE), debería aprovecharse la oportunidad para que se modifique la Ley que rige a los partidos políticos, a fin de que se establezca con claridad el uso que hacen del dinero que se les otorga, que no es otro que el de los contribuyentes. Esto beneficia incluso a los propios aspirantes presidenciales, congresuales y municipales, por cuanto de esa manera los electores sabrán con certeza quién los financia y qué hicieron con los dineros recibidos. Se evitará, además, que durante los procesos de elección de los aspirantes se saquen a colación denuncias como las hechas por la Corriente Unitaria, que sin dudas restan credibilidad a los beneficiarios de “préstamos” o “donaciones”.

Los partidos de la oposición deberían “hilar fino” para afrontar los retos futuros, que no solamente tienen que ver con la marcha de la economía del país, sino con la eventual reelección del presidente Leonel Fernández, a lo cual tiene derecho porque la Constitución no se lo impide.

 Si la oposición se mantiene divida, como todo parece indicar por el caso del PRD, que representa la mayor parte de ella, no cabe duda que eso favorecerá al oficialismo, cuyo partido no parece tener problemas en cuanto a su desenvolvimiento interno, a pesar de la renuncia del tren gubernamental de uno de sus dirigentes más destacados, que busca su propio espacio con miras a alcanzar la Presidencia de la República.