Ni la seguridad jurídica, ni la preservación del clima de inversiones, deben levantarse como banderas contra las aspiraciones legítimas del pueblo de obtener mayores beneficios de la explotación y comercialización de sus riquezas minerales no renovables.

Y, si el precio que debemos pagar para mantener vigentes esos preceptos comerciales, es permitir que las multinacionales extranjeras se lleven graciosamente nuestras riquezas, es preferible no hacer negocios con ellas.

En el caso específico de la Barrick Pueblo Viejo, se hace necesario un diálogo respetuoso entre la firma canadiense y el Estado, debido a las grandes inversiones realizadas por esta en el país, y el valor de las riquezas nacionales involucradas.

Los mismos mecanismos de diálogo que se utilizaron para arribar el 11 de noviembre del 2009 a la renegociación del contrato original, pueden utilizarse ahora para realizar los ajustes fiscales que correspondan a una situación totalmente distinta. La diferencia es que, el diálogo anterior fue propuesto por la firma extranjera, y ahora quien lo reclama es el presidente Danilo Medina en representación de un pueblo que ve indignado cómo se llevan sus riquezas no renovables a cambio de migajas.

Los directivos e inversionistas de la Barrick están conscientes de que las reglas de juego han cambiado en el mundo y que aunque pataleen para mantener sus  privilegios y desproporción de beneficios frente al dueño real de las riquezas que explotan, deben ceder.

De lo contrario, se exponen a que el Estado adopte las medidas legales necesarias para imponer una distribución más justa de  nuestras riquezas explotadas. Y eso, no les conviene, como tampoco nos conviene a nosotros vernos  sometidos a un arbitraje internacional.