Se impone un cambio en las reglas de juego, en los Tribunales Superiores, en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas, en la Contraloría General de la Nación, en la Ley de Gastos Públicos, para que la Oficina Nacional del Presupuesto tenga voz y voto en el control, para que las erogaciones de fondos del erario se ajusten a lo presupuestado.
Se requiere que las transferencias de fondos, de uno a otro capítulo de la Ley de Gastos, tenga que ser justificada y pueda ser cuestionada, en vistas públicas, por cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos interesados.
Se impone que, en la elección de los miembros de los organismos de control de gastos, erogaciones, contratación de obras o servicios participen ciudadanos elegidos para tales fines. Hay que retomar las bridas del caballo que se encabrita para disuadir cualquier intento de cuestionamiento a inconductas.
Es muy importante que el gobierno no pueda despedir de sus puestos a los empleados del Estado, porque disientan de la política del partido que ostente la Presidencia de la República.
Es esencial la profesionalización, en serio y definitiva, de las fuerzas armadas y la policía nacional, para que organismos de control integrados por la sociedad civil, las iglesias y los partidos en minoría, integren comisiones que den seguimiento a los efectivos armados para decidir sobre el ingreso, selección, estudios, profesionalización, promociones y bajas, para evitar el tráfico de influencias y los abusos en el escalafón de ascensos.
El ejercicio político de hoy dista mucho de ser el de ciudadanos que luchaban y lucharon para imponer la honestidad, la seriedad, el decoro, el patriotismo, el manejo pulcro de los fondos del erario, las actuaciones con rectitud, la correcta administración de las leyes con fines de hacer justicia, esas actitudes y conductas parecen estar tan lejos como las que corrompieron el Estado romano hasta hacer desaparecer el imperio.
El cambio no va a ser, ni puede ser, porque la voluntad de quienes se creen dueños del poder van a ceder si no son presionados por reclamos claros, definitivos, urgentes, permanentes, que los obliguen a pensar en la necesidad de que el país tenga un gobierno que actúe con justicia, con respeto a la Constitución y las leyes, que administre el Estado para que el pueblo haga un ejercicio definitivo del derecho a vivir sin temor.
Los derechos se conquistan. Cualquier gobernante que no escucha voces disidentes, a quien no le lleguen los reclamos del pueblo, puede entender que su ejercicio de la administración es correcto y tiene el respaldo de los ciudadanos.
El cambio hay que arrebatarlo. Cuando todas las vías civilizadas, legales y constitucionales, son impedidas de uno y otro modo, es imperativa la acción de las masas.