MADRID. AFP. Imputado en un caso de corrupción que sacudió a la monarquía española, el yerno de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, y un exsocio, debían entregar antes de ayer a medianoche los ocho millones de euros de una fianza civil que les impuso la justicia y ellos recurrieron.

El duque de Palma, esposo de la hija menor del rey de España, y su exsocio Diego Torres están siendo investigados por presunta malversación de fondos públicos a través de una sociedad sin fines de lucro, el Instituto Noos, que el yerno del monarca presidió entre 2004 y 2006.

El juez que instruye el caso decidió el pasado miércoles imponerles conjuntamente «una fianza por importe de 8.189.448,44 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra».

Considerando que el objetivo de Urdangarin y Torres «no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno», la fiscalía asegura que estos cerca de 11 millones de dólares corresponden a lo que Noos cobró de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia (este) por la organización de acontecimientos deportivos. No se trata por lo tanto de una fianza para evitar la prisión –ambos están en libertad en espera del fin de la investigación– sino de un depósito que debería cubrir el supuesto daño patrimonial a las finanzas públicas.

El abogado de Urdangarin presentó el martes pasado un recurso en el que, entre otros argumentos, pide que se reduzca el monto a depositar porque desembolsar tal cantidad representaría un «injusto empobrecimiento» para su cliente.