Durante los últimos siete años he recibido insultos, diatribas y vulgaridades a través de ciertos medios de comunicación radiales, escritos y televisados.

Me han cargado persistentemente la culpa de la suciedad almacenada en los bancos comerciales que colapsaron en el 2003, aunque cuando llegué al Banco Central esa basura me llegaba hasta el cuello.

Algunos medios me hicieron el blanco preferido de sus ataques, especialmente aquellos que son propiedad de los condenados por los fraudes bancarios.

También hubieron otros medios pagados por el gobierno que hicieron lo mismo, usando palabras vulgares y ofensivas.

Aun así debo reconocer que he sido más beneficiado que perjudicado por esa campaña mediática.

Periodistas de prestigio y medios no comprometidos, me han apoyado siempre y todavía hoy siguen haciéndolo, lo que es 1000 veces más importante para mí que las opiniones que provengan de cualquier otra fuente pagada.

Y que conste, que jamás he pagado prensa, ni cuando estuve en altas posiciones en el Gobierno y mucho menos desde la oposición.

Pero bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con se restrinja la libertad de prensa bajo el argumento de que se usan términos vulgares que ofenden y maltratan a los ciudadanos, especialmente cuando pueden ser oídos por los menores de edad.

Sin embargo, lo que más preocupa es que esa conjura contra la libertad de prensa provenga del Gobierno, precisamente cuando se le vira la tortilla. Cuando ya no tienen dinero suficiente con qué alimentar a los medios de comunicación en su afán continuista y de engaño sistemático a los ciudadanos.

Nunca en la corta historia democrática de este país ha existido un gobierno que haya corrompido a tal extremo a los medios de comunicación, como lo ha hecho éste. 

Aquí se han gastado en los últimos seis años, 39 mil millones de pesos (6.4 mil millones por año) pagando prensa para favorecer al gobierno, detractar opositores o distorsionar información.

 Y eso es mucho más inaudito y extremadamente grave que usar palabras vulgares a través de los medios.

 Hay que legislar para acabar con ese chantaje mediático desde el poder y penalizar duramente a los funcionarios que lo usen, porque lo hacen con el dinero de los contribuyentes.

Por otra parte, hay que reconocer que el avance tecnológico ha roto las barreras de la vieja moralidad.

Hoy, cualquier niño de 7 años de edad maneja con habilidad una computadora y entra a Internet fácilmente, donde solo con escribir la palabra “sexo” tiene acceso a un mundo de fantasías eróticas que yo vine a conocer cuando tenía 20 años de edad.

A las 4:00 de la tarde cualquier niño de 5 años puede encender la televisión de su casa y fácilmente encontrará, muy cerca de los canales de muñequitos, un documental en vivo sobre las mejores posiciones de hacer el sexo usando las técnicas de Kama Sutra.  O una película de sexo y violencia fuerte donde nada se deja a la imaginación. ¿También van a regular eso?

Esa nueva iniciativa gubernamental en contra de la vulgaridad solo esconde oscuros propósitos que amenazan la libertad de prensa y están obviamente dirigidos hacia programas que adversan al gobierno y a la reelección presidencial.

Hay que estar preparados para frenar esa peligrosa iniciativa ya que nada tiene que ver con la moralidad.

Y si alguien se siente afectado directamente por esas vulgaridades o insultos a su persona, que recurra a los tribunales, como sucede en países civilizados.

Llamamos también a los medios para que controlen su lenguaje y no sean víctimas de estas maquinaciones gubernamentales.