Mi amigo Abel Rodríguez del Orbe mantuvo vigente el caso del asesinato del periodista Orlando Martínez, en nombre de la familia del comunicador. El Partido Comunista Dominicano actuó en el mismo sentido.
Cada vez se sometía el asunto a las instancias judiciales, al acercarse el plazo para que perimiera el caso, para que “caducara el procedimiento por haber transcurrido el término acordado por la ley sin que lo hayan impulsado las partes”. Por esa diligencia los asesinos fueron condenados por los tribunales.
Permitiendo que los plazos avanzaran sin que la autoridad judicial correspondiente actuara con la debida diligencia y seriedad, el caso prescribiría y se extinguiría el derecho “como consecuencia de su falta de ejecución durante el tiempo establecido por la ley”. En ese juego participaron sucesivas autoridades del Poder Judicial.
Mientras se discutían las propuestas para la más reciente reforma de la Constitución de la República proclamada en enero del 2010, reclamé que ningún caso perimiera por la finalización de plazos y, del mismo modo, demandé que no hubiera prescripción de las penas.
Que hubiera un régimen donde tanto la persecución judicial como el cumplimiento de las condenas, sólo se extinguieran con el juicio definitivo, cuya condena hubiera adquirido la autoridad de la cosa definitivamente juzgada y con el acatamiento y la satisfacción de la decisión judicial.
Burlar el acatamiento y cumplimiento de las penas es fácil cuando se cuenta con medios que permitan al justiciado poner distancia de por medio y poco después, prescrita la pena, reintegrarse a la sociedad como si no hubiera pasado nada.
Tanto la extinción de la persecución judicial como la prescripción de la pena son instrumentos que sólo beneficiaban a interesados en la denegación de justicia.
El presidente Joaquín Balaguer aprovechó su dominio del Ministerio Público y de los tribunales para hacer condenar al ex presidente Salvador Jorge Blanco por acusaciones que, finalmente, no fueron probadas de manera convincente.
A juzgar por la reciente jugada del gobierno contra Hipólito Mejía, el poder del Estado era empleado para permitir que vencieran los plazos en el caso de la acusación contra el Senador de Peravia, quien había difamado al ex gobernante.
Dado que el caso era tan patente y no había forma de que el legislador, cuyo tremendismo lo ha hecho piedra de escándalo en más de un caso, se premiaba con permitir que perimiera la acción judicial en su contra, por la” hazaña” de haber mentido para crear, en medio de la campaña electoral, la percepción de que Mejía tenía vinculación con un capo mexicano de la droga.
Pero les salió el tiro por la culata y el Senador se vio precisado a decir que había mentido con su malsana acusación y a la Suprema Corte de Justicia se le vio el refajo.