Cuando el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible el recurso interpuesto por tres miembros de la comisión política del PRD que tenía como objetivo impedir la modificación estatutaria para “validar” una red de aberraciones y “extender” la “presidencia” de Miguel Vargas Maldonado, sin quererlo, creaba las condiciones para desvirtuar la naturaleza democrática de una organización con 78 años de vida.
Los jueces electorales no viven en Suiza, saben como una parte importantísima de la sociedad, el perfil de un tribunal que ha sido utilizado en la estrategia que caricaturiza al PRD, haciéndolo un instrumento de negocios y validador de la perpetuación del PLD. Y en ese orden, reducir su interpretación de lo que acontece en el partido blanco a los aspectos del tecnicismo legal, es un acto de ingenuidad imperdonable en ciudadanos que, como los actuales titulares, no desconocen lo políticamente articulado antes de que ellos asumieran la función que ejercen.
La raíz del descrédito de los anteriores jueces resultó de su incapacidad en deslindar los campos entre simpatías y su responsabilidad institucional. Además, lo objetable era el afán por acomodar sus decisiones al aspecto politiquero y retorcido de discrepancias partidarias que retratan la naturaleza autoritaria de gente sin verdaderos valores democráticos que, poseen categorías dirigenciales, siendo rechazados en el seno de la sociedad y encabezando sondeos rigurosos que los colocan como el líder en tasa de rechazo.
Los jueces que en la actualidad conducen el Tribunal Superior Electoral tienen una excepcional responsabilidad en reordenar la vida de las organizaciones políticas ante la insistente perturbación de una ley de partidos que no termina de aprobarse por la pequeñez de la clase dirigente. En ese orden, las piruetas legales que pretenden entregarle el PRD al sector que anda asociado al gobierno constituyen una prueba de fuego para determinar el auténtico nivel de independencia porque existe la jurisprudencia suficiente que sirve para liquidar el demencial afán de controlar las siglas sin someterse a la voluntad democrática de los ciudadanos.
En la audiencia del pasado 1 de diciembre le advertí a los jueces del TSE el interés de los administradores de las siglas del PRD en transformar las reglas estatutarias para adelantar una “elección” que refleja el miedo de Vargas Maldonado a la competencia. Lo del domingo 3, es un acto de regresión dentro de un partido amigo de la participación plural que patea logros democráticos de las últimas tres décadas. No puede existir democracia sin demócratas. Y el interés de preservar las siglas contra viento y marea lo único que refleja es miedo al escrutinio que, por demás, eleva a la categoría de jefe de la organización al mismo dirigente que “ plantea’ su afinidad a las primarias abiertas, pero se “elige” de manera cerrada y antidemocrática. Irónico, no?
Volveremos al TSE, sé que muchos presumen que nuestra insistencia es perder el tiempo. Pero no!. El país necesita someter a prueba el régimen de complicidades y la red de farsantes que pululan en la vida pública esperando una oportunidad para reproducir en el terreno práctico lo que decían aborrecer y cuestionar del clan sustituido.
El PRD no lo pueden liquidar del afecto ciudadano una red de filibusteros que sienten licencia para toda clase de aberraciones porque el poder político impondrá líneas de actuación a los responsables de decidir sobre la legalidad de reformas estatutarias desprovistas de validez. Por eso, espero la próxima audiencia. Allí repetiré parte de mis argumentos en el tribunal electoral cuando advertía a los magistrados el riesgo de permitir la reforma estatutaria. Ahora está en sus manos revertir esa monstruosidad que retrata de cuerpo entero la degradación de la práctica política y la urgencia de magistrados que llenen de honor un órgano electoral lastimosamente afectado por los anteriores titulares.
Nos veremos en audiencia. De todos modos, magistrados se los dije!