La primera parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que nuestro gobierno firmó a finales del 2009 fue toda dulzura keynesiana. Bajo mandato del G-20 un reforzado FMI, junto con el Banco Mundial y el BID, nos prestó cuantiosos recursos, sin condicionalidad, con el fin de que, junto a los otros países emergentes, aumentáramos la demanda mundial y así ayudáramos a sacar al mundo de la recesión.

La parte amarga, la condicionalidad, vendría en el segundo semestre del 2010, justo, precisamente, (“apota”?) después de las elecciones congresuales. Se nos pidió que las finanzas volvieran a un superávit, después de varios años en déficit. Pero nuestro gobierno no obtemperó y ahora lo que pide el FMI es apenas un déficit del sector público más reducido que el anterior.

En la carta de intención de hace dos meses y medio el gobierno se comprometió a un aumento en la tarifa eléctrica y con ese compromiso logró desembolsos del FMI y otras agencias. Tal vez firmó ese compromiso para obtener esos recursos, sin tener la intención de cumplirlo, o quizás, ante el negativo impacto electoral el gobierno (léase el Presidente Fernández) cambió de parecer.

Tenemos entendido que el gobierno quiere continuar con el Fondo y para ese propósito hace un tiempo, sin publicidad, envió a Washington al Ministro de Hacienda para proponerle al FMI no aumentar la tarifa, pero, a cambio, reducir gastos corrientes e inversiones públicas por un monto equivalente a lo que necesitaría la CDEEE para suplir la ausencia de los ingresos por aumento de tarifa. Con eso se lograría reducir el déficit global. Aparentemente el costo político y electoral de menos empleo y menos inversiones públicas es menor que el costo de aumentar la tarifa. Se dice que el FMI no ha aceptado esa propuesta, insistiendo en el aumento de la luz. La función del Fondo es lograr una reducción en el déficit del sector público, es decir el aspecto macro-económico y cómo lo logra el gobierno no debe importarle tanto, más cuando se entiende que el Banco Mundial, que sí se ocupa de aspectos sectoriales como el energético, está de acuerdo con la propuesta del gobierno.

Sin embargo, han surgido otros problemas pues el gobierno ha aumentado su endeudamiento interno a corto plazo al autorizar al Banco de Reservas prestar el equivalente de US$400 millones a contratistas de obras públicas con atrasos en sus pagos, es decir que ahora se están comprometiendo recursos del presupuesto del 2012. Lo mismo está ocurriendo con los descuentos (“factoring”), por parte de las tres distribuidoras. El Presidente Fernández aparentemente quiere mantener el acuerdo con el FMI hasta la revisión en mayo de 2012 de los datos de febrero, mes en que expira, pero está decidido a no aumentar la electricidad. Ese es el nudo gordiano.

Al próximo gobierno le será más fácil ganar las elecciones que enfrentar la situación económica que heredará. Lo único bueno del 2011 es que será mejor, económicamente, que el 2012 pero, en el caso dominicano, ese año se dividirá en dos: el período del desguañangue hasta el 20 de mayo con mucho empleo y obras, mucho déficit y muchos préstamos y el costoso, en términos políticos y sociales, ajuste que tendrá que hacerse después.

Primero fue Grecia, luego Irlanda y Portugal y le siguieron España e Italia. La zona del euro seguirá en recesión y, con suerte, el euro se mantendrá como moneda regional. En Estados Unidos la comisión congresual no resolvió el déficit, lo que creará grandes problemas en el 2012 provocando también allí una recesión. El crecimiento de China se reducirá, afectando al mundo y el precio de los commodities. Se proyecta que América Latina reducirá su crecimiento de un 6% a un 3.5% en el 2012.

Algo parecido ocurrirá en nuestro país. Mientras tanto aprovechemos las arandelas de mi corazón.