Buenos Aires.– Centrales obreras y organizaciones sociales se concentraron este miércoles frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el centro de Buenos Aires, para acompañar a la poderosa central sindical Confederación General del Trabajo (CGT), que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad urgente (DNU) firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei para reestructurar las bases de la economía del país.
Los asistentes han insistido en la idea -apoyada por la central sindical de inspiración peronista- de que esta medida no es «constitucional», motivo por el cual minutos antes de iniciar la movilización la CGT presentó un recurso de amparo que pide a la Corte Suprema que suspenda los puntos del DNU referidos a la reforma laboral.
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La iniciativa de la Confederación General del Trabajo -la central sindical histórica de Argentina y la más grande e influyente- se suma a una decena de amparos judiciales que ya se han presentado en contra el decreto, que contiene más de 300 reformas de leyes y normas y con el que Milei pretende acometer la práctica desregulación de la economía argentina.
A la movilización de hoy en el centro de la capital asistieron unas 8.000 personas, en comparación con las 3.000 que participaron en la marcha llevada a cabo por organizaciones sociales y partidos de izquierda el pasado 20 de diciembre y que culminó frente a la Casa Rosada.
La marcha de la semana pasada, que era la primera contra el Gobierno de Javier Milei, coincidió con el 22° aniversario de la crisis económica, política y social de diciembre de 2001 que provocó la dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001) y se saldó con 39 manifestantes muertos.
Las organizaciones sociales que marcharon el miércoles pasado sin la CGT se sumaron hoy a la concentración de las centrales obreras frente al Palacio de Tribunales.
La manifestación se desarrolló inicialmente en un ambiente tranquilo, con escasos cortes de tráfico en el centro de Buenos Aires, más allá de la plaza donde tiene lugar la protesta.
Una vez más, el despliegue de fuerzas de seguridad fue muy amplio, con el fin de garantizar el cumplimiento del nuevo y controvertido protocolo de seguridad del Gobierno, que prohíbe taxativamente el corte de calles durante las manifestaciones.
Según informó hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la CGT había pedido autorización para circular en los espacios públicos durante la movilización y había ofrecido una caución económica.
«Esto significa un cambio muy importante: la aceptación de las normas de convivencia entre todos», declaró Bullrich, quien destacó el hecho de que los organizadores de la concentración decidieron cumplir con el protocolo de seguridad.