MIGUEL AQUINO GARCÍA
Uno quisiera creer que el anuncio de una huelga médica a nivel nacional, una de aquellas que paralizan los servicios que recibe la clase desposeída del país y que constituye la mayoría de la gente, debe ser motivo de al menos profundas reflexiones. Ciertamente, uno piensa de inmediato que la clase médica organizada como fuerza laboral tendría en efecto derecho a presionar al Estado para obtener las mejores condiciones de trabajo, particularmente una adecuada remuneración por los servicios prestados.

Pero apenas comienza uno a agudizar el ingenio, se da cuenta de que la problemática planteada por la amenaza y materialización de paros médicos a nivel nacional, un fenómeno ya rutinario en la política doméstica, puede ser con toda justicia sometida a múltiples consideraciones, pues estas crisis de la salud en nuestro país son como una larga falda con mucha tela por donde cortar.

El problema es que el pueblo, a pesar de ser el pagador y supuesto receptor de dichos servicios, no tiene acceso a la tijera. Apenas le toca recoger los retazos de estas continuas crisis en forma de las privaciones, sufrimientos y muertes que inevitablemente se dan con estos paros.

Sin objetar el hecho de que el  recurso de la huelga o la amenaza de ejecutar la misma es un reconocido instrumento de lucha laboral, todo el mundo coincide en que se debe tratar de una medida extrema, particularmente cuando su implementación en el campo de salud pública acarrea previsibles catastrófica consecuencias, en un país en el que las grandes masas desposeídas carecen de acceso realístico a la costosa medicina privada.

Porque unas van de cal y otras van de arena. Así por ejemplo, si aceptamos que la remuneración de los médicos en sentido general ha sido tradicionalmente inferior al nivel esperado y deseable por estos profesionales de la salud, se debe admitir también que esta ha sido siempre muy superior a la obtenida por el resto de servidores públicos en varias áreas de servicio, profesionales o no, y aquí nos vienen a la memoria maestros, bomberos, guardias y policías, alguaciles, ayudantes fiscales, contables, contadores, y dentro de la misma área de la salud enfermeras, y técnicos de laboratorio para mencionar solo unos cuantos. A final de cuentas, la erogación estatal acarrea las limitaciones de recursos que tiene el país, de causas múltiples pero sufridas por igual por todo el mundo. Más aún, la insistencia en un ajuste de salario superior al recientemente otorgado por el Estado a todos los servidores públicos, ratifica la presunción pública de que esta demanda salarial aplicable solo a la clase médica es la motivación de fondo de estas huelgas, más que la simultanea exigencia de medicamentos y equipos médicos para los hospitales, y aunque todo el mundo desea unas adecuadas condiciones de trabajo para la importante función de los trabajadores de la salud en sentido general, la presente exigencia luce extemporánea y desproporcionada. De hecho, es debe reconocer que el presente gobierno y en apenas poco más de cien días, no solo ha elevado directamente los salarios de todo el mundo en 30%, sino que lo ha elevado aún mas indirectamente al aumentar el valor adquisitivo del peso y rebajar a la vez el precio de alimentos de primera necesidad y otros bienes, incluyendo la gasolina, único país del mundo que vio rebajado el precio de la misma en este año. Pero el gobierno también ha reabastecido ya a los hospitales de medicamentos y duplicado el presupuesto de salud para garantizar el continuo flujo de recursos a los mismos, ha retornado la operabilidad de las costosas unidades de diálisis, ha puesto en marcha la financiación estatal para el tratamiento de los afectados del Sida, ha rescatado literalmente la medicina forense que al igual que el resto de la salud pública fue dejada en abandono total por el anterior gobierno, y se mantiene abierto al diálogo con la clase médica. De ahí que la amenaza y materialización de huelgas hospitalarias por el Colegio Médico sean percibidas por la sociedad como extemporáneas e injustas, pues las ejecutorias del gobierno muestran un sentido de responsabilidad social, y por tanto más bien invitan al consenso, al diálogo y al esfuerzo conjunto.

Por otra parte, la calidad profesional del servicio médico prestado a la ciudadanía debiera ser igualmente parte de futuros diálogos, pudiendo el Estado reclamar de los médicos parámetros de garantía de la calidad del servicio prestado. Así las cosas, se entiende que la función de un Colegio Médico no se debe limitar a la cohesión de fuerza para conquistas económicas. De hecho la principal función del Colegio Médico debe ser procurar el continuo crecimiento profesional de sus miembros, lo que se puede lograr por ejemplo a través de la creación de Juntas Médicas de las distintas especialidades para ofrecer cursos de actualización en las distintas disciplinas y certificación de los afiliados que prueben su proficiencia en los mismos, como se lleva a cabo en muchos países, lo que resultaría en la renovación de conocimientos de aplicación práctica médica o quirúrgica, en el elevamiento de la calidad del servicio prestado al público por los médicos así certificados, y en la continua superación profesional de los mismos. Un médico que no registra los continuos cambios y avances en su área de expertismo e incluso en la práctica de la medicina primaria, termina convirtiéndose en un verdadero matasano, por su inhabilidad para proveer servicio acorde con los más nuevos conceptos. Los esfuerzos del Colegio Médico Dominicano en ese sentido son hasta ahora inexistentes, quizás porque la lucha laboral lo ha absorbido todo, pero nunca es tarde para comenzar a crear esta infraestructura nacional de continuo avance de la medicina, pues nuestro país cuenta con los recursos humanos necesarios para instrumentar la misma. Una vez logrado esto, el requerimiento por parte del Estado de que los médicos, estén propiamente certificados por el Colegio Médico, ayudaría a garantizar un mínimo de calidad en el servicio prestado por los galenos. En la misma tesitura se encuentra el tema del ausentismo laboral, un problema igualmente crónico. Limitados ingresos han enforzado en su tiempo a muchos médicos a practicar tanto medicina estatal como privada, y ello condujo a la costumbre de sacrificar tiempo en los hospitales para ejercer medicina fuera de estos, causa del ausentismo laboral. Aunque menos intensa, esta práctica todavía persiste en detrimento de los pacientes estatales, y la exigencia por parte del Estado del cumplimiento de horarios de trabajo en los hospitales debe estar igualmente presente en futuros diálogos, especialmente en estos tiempos en que de una forma u otra, las condiciones y salarios de los galenos en la red de salud pública ha ido mejorando. Como se ve hay mucha tela por donde cortar a la hora de enjuiciar la salud pública y el tenebroso espectro de estas reiterativas huelgas. Creemos que hay espacio para la reflexión sensata, para la autocrítica constructiva, para abordar positivas iniciativas que eleven el nivel de futuros diálogos y resulten en el mejoramiento del servicio al público, en mejores condiciones de trabajo para los médicos, en la superación profesional de los mismos y eventualmente en la desaparición de estas huelgas de largas faldas con sus múltiples retazos de innecesarias muertes.