En la última década las autoridades dominicanas, que tienen incidencia en la protección de los recursos costeros y marinos, han adoptado una serie de medidas para la conservación de los recursos pesqueros y especies acuáticas en peligro de extinción.
Desde el reforzamiento de las vedas, la creación de acuerdos de co-manejo de áreas protegidas marinas con diferentes organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la creación de reservas pesqueras y el aumento en la vigilancia y control de las áreas costeras.

Cada una de estas medidas son necesarias y han sido comprobadas científicamente, no obstante a que se hace necesario lograr una implementación efectiva que pueda mantener la coherencia entre la estructura regulatoria y la coordinación entre entidades de los sectores públicos, privados y sociedad civil para continuar trabajando a favor de la protección ambiental.

“Sin embargo, a pesar de contribuciones positivas al medio ambiente, la implementación de límites de explotación pesquera también crea un reto socio-económico importante para el país. ¿Cuál será el impacto a los miles de pescadores artesanales que dependen de la pesca para el sustento? Por ejemplo, se estima en ciertas zonas del país, entre el 40% a 60% de la captura local es pez loro, una especie que estuvo en veda durante los últimos dos años. ¿Qué alternativas de vida viables se puede encontrar para esos pescadores?”, plantea Jake Kheel, director ejecutivo de la Fundación Grupo Puntacana,

Bajo esta premisa, la Fundación Grupo Puntacana ha adoptado una serie de medidas que pueden ser replicadas en otras regiones del país, con el fin de integrar a los pescadores artesanales de la zona.