Se necesitan auditorías externas en el Estado

Se necesitan auditorías externas en el Estado

Nuestra Democracia, hoy casi adulta, enfrentó desde sus primeros pininos el embate de la corrupción en el manejo de los fondos públicos. Ha perdurado tanto que hay quienes la explican o justifican como un mal “endémico”: la llevamos en la sangre; “para borrarla tendríamos que ser suizos”.

No comparto ese criterio pues creo que es factible administrar los fondos públicos con honorabilidad y decencia.

Aunque somos un país rico, realmente muy rico, estamos llenos de una millonada de pobres porque unos cuantos lo acaparan todo… impunemente…

Reconozco que durante décadas he sido penosamente simplista sobre este tema,  sosteniendo que “basta con que la cabeza sea honesta y tenga el coraje para imponerla o en su defecto castigarla”. La historia parece demostrar que tal simpleza no es así de simple.

Frente a este infranqueable muro, se me ha ocurrido una “salida extrema”, en mi sueño por ver un Estado eficiente, serio, pulcro: que los principales candidatos presidenciales se comprometan, de ganar los  comicios venideros, a iniciar, a más tardar en enero 2013, una licitación pública internacional (nacional, inclusive) para practicarle auditorías  a los 10 estamentos gubernamentales más consumidores de recursos, abarcando los últimos 24 meses del Gobierno saliente.

Igualmente se comprometerían a realizar esa misma licitación para los                   primeros 24 meses del Gobierno entrante, es decir, jurar que auditaría                   asimismo, con firmas independientes y en proceso transparente, a su propia  primera mitad de gestión.

Naturalmente, este tipo de compromiso podría afinarse agregando instituciones  marcadas, desde ya,  como corruptas por la percepción social y/o por indagación periodística.

Contrario a lo que podría creerse, estas auditorías no serían complicadas ni tan prolongadas, pues se centrarían en darle estricto seguimiento a los grandes pagos hechos (cheques), sus beneficiarios, el concepto cubierto y, desde luego, “encuerar” los mecanismos de aprobación, denunciando la no aplicación (o aplicación perversa) de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado. No se debería perder tiempo en minucias (normas y procedimientos internos, cuadres contables ni mucho menos, desde luego, la engorrosa auditoría tributaria, que no aplica).

Cada auditoría tendría un Resumen Ejecutivo, sintetizando los hallazgos legalmente comprometedores, el cual debería hacerse de conocimiento público. Sería interesantísimo incluir, igualmente, una medición del grado de dispendio (gastos extras no justificados) en c/u de tales instituciones. 

A alguien podría gustarle la idea de una auditoría a la Ley 340, en el sentido de fiscalizar todas las obras multimillonarias, clasificándolas, de entrada

Crear comisión

Para realizar estas auditorías se debe crear una Comisión de Licitación Especial (CLE), sin políticos ni funcionarios públicos, preferiblemente antes de las próximas elecciones. Cada miembro autorizaría por escrito el acceso a sus cuentas bancarias y  propiedades para que  sean supervisados. La CLE trabajaría por cuatro años, hasta que el país pueda darse el lujo de contar con una Cámara de Cuentas  independiente del Poder Ejecutivo. ¿Cuales de nuestros candidatos para las elecciones presidenciales venideras suscribirían este compromiso?

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