El mismo congreso que hace menos de un mes aprobó un presupuesto nacional que excluye a la población del acceso a una mayor inversión en educación resuelve hace unos días aprobar un aumento de la pena a los/as adolescentes que se involucran en acciones delictivas.

Estas dos acciones se vinculan y se sostienen en una lógica de exclusión y de inequidad  hacia el abordaje de la problemática de la delincuencia y la seguridad ciudadana.

La información que fluye a través de la prensa escrita muestra que son más frecuentes las acciones delictivas ejecutadas por policías, miembros/as de la DNCD y de los cuerpos armados que por menores. Los delitos protagonizados por menores son mínimos con relación a la totalidad de las actividades delictivas.

¿Por qué no es efectiva  la medida de aumento de las penas?

El aumento de las penas a la población adolescente que delinque no es una medida efectiva por varias razones:

1. Las redes delictivas en nuestro país se han incrementado por la impunidad existente en el sistema de justicia en el que las penas existentes no se cumplen si en ellas media el poder y el dinero. Los organismos policiales muestran serias deficiencias en los procesos investigativos.

2. La existencia de complicidad entre las redes delictivas y los organismos policiales le ha dado a estas redes una suerte de legitimidad en la sociedad porque solo hay que pagar “cuotas” a la policía y no “pasa nada”.

3. Las causas por las que la población adolescente se involucra en redes delictivas están asociadas a su condición de vulnerabilidad y la ausencia de políticas dirigidas a la juventud y adolescencia y a su desarrollo humano. No tienen ofertas educativas de calidad, ni cobertura suficiente así como tampoco opciones recreativas ni artísticas.

4. La reclusión por 10 y 15 años de la población adolescente supone una condena a ser delincuente para toda su vida. Los centros de reclusión no ofrecen la posibilidad de reinsertarse a la sociedad ni de cambiar su conducta. A su salida de la cárcel sufren la estigmatización.

5. El establecimiento de una pena mayor para la población joven y adolescente favorece que las redes de corrupción existentes en los cuerpos policiales y judiciales se fortalezcan. Ahora se va a cobrar más a las familias para que los/as jóvenes y adolescentes no sean condenados.

Esta medida muestra que a nuestro congreso no le interesa resolver el problema de la seguridad ciudadana, solo se quiere “aparentar”. En otros países estas medidas no han funcionado porque  no intervienen en las causas y por tanto no garantizan el control de la delincuencia ni  ofrecen seguridad ciudadana.