CHIQUI VICIOSO
A inicios del 2002 Juan Artola, un uruguayo universal que en ese entonces dirigía la Organización Internacional de Migraciones, se acercó a la Cancillería dominicana para alertarla sobre la gravedad del problema de tráfico y trata de personas. Pequeña media isla, la República Dominicana tenía la dolorosa reputación de ser el tercer país en las Américas, (después de Brasil y Colombia) víctima de este flagelo y de ser el décimo en el mundo, al lado de naciones tan grandes como la India y Tailandia.

Lo que Juan proponía era muy sencillo: Había que alentar y capacitar al cuerpo diplomático y consular sobre la gravedad de esta situación y sobre el papel que ellos y ellas podían jugar en la detección (vía el escrupuloso manejo de sellos, visados y pasaportes) del tráfico y trata, y en el apoyo a las víctimas, a través de la conformación de redes consulares, algo que algunos cónsules con complejo de “dueños de pulpería”, no querían entender.

“Dueño de pulpería” se denomina a la vieja tendencia de pasar por los consulados en la tarde “a ver lo que se ha recolectado durante el día”, y sin ningún procedimiento de contabilidad, echarse el dinero en los bolsillos.

La estrategia desarrollada fue simple y brillante. Si la Cancillería (como otras instituciones del Estado) no contaba con fondos para capacitar a los y las cónsules ya en servicio, (a los y las recién nombrados se les capacita en la Escuela Diplomática), esta capacitación se podía hacer con el apoyo solidario de las Oficinas de la OIM en Europa y otros países, las que asumirían los gastos de logística, y lo único que tendría que hacer el Canciller era impartir una orden para que se trasladasen para su capacitación a una ciudad determinada, fuese ésta Madrid, Buenos Aires, Puerto Príncipe o Managua.

El entonces Canciller, doctor Hugo Tolentino, entendió enseguida la trascendencia de esta oferta y con entusiasmo se impuso contra toda mezquindad burocrática (siempre a la caza de iniciativas que evidenciaran su inercia), y el proyecto tuvo como resultado la conformación de cuatro redes consulares, en Europa, el Caribe, Centro y Suramérica, que, entre otros logros, permitieron que la nación saliera airosa de su primera condena, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como país de destino y tránsito para traficantes y tratantes de personas.

A Juan Artola esta labor le ganó la promoción a México, literalmente un continente en relación con nosotros, pero el país perdió a uno de sus funcionarios internacionales más consagrados a esta causa. Por suerte, quien temporalmente le sustituyo, fue una joven colombiana, la oficial de programa Fanny Polania, con una vasta experiencia en España y Tailandia en el manejo del tráfico y trata, y en la atención a victimas. Fanny intentó seguir los pasos de Juan, con propuestas de proyectos sobretodo en atención a víctimas, un punto débil de nuestra gestión como país, contribuyendo con entusiasmo a la conformación de redes locales de ONG’s contra la trata.

Después de un año, donde prácticamente se han estancado todas las iniciativas de la OIM, nos hemos enterado de que la OIM cerrará sus oficinas este 30 de abril, y no sabemos si esta decisión obedece a que por fin nos hemos “graduado” como nación en la lucha contra el tráfico y la trata (lo cual sería motivo de alivio y alegría para el Estado Dominicano y la totalidad de nuestra población); o si la OIM pasa por una crisis financiera que obliga a su cierre.

Sea cual sea la razón, creemos que el país debe recibir una explicación vía su coordinador del sistema de Naciones Unidas, señor Fabiancic, ya que lo que está en juego es la vida de millares de dominicanos y dominicanas, y una clasificación internacional como país, que pende como una espada de Damocles sobre nuestra imagen internacional y que, evidentemente, nos afecta en todos los planos, sobretodo en los renglones fundamentales para nuestra economía del turismo y el comercio internacional.