El procurador Daniel Germán Miranda Villalona, encargado de la Unidad Antilavado de Activos, afirmó ayer que es una debilidad de la política criminal del Estado el hecho de que no se identifiquen correctamente los bienes incautados a delincuentes, y que estos y sus familias los disfruten cuando cumplen condenas.

Sostuvo que está fallando el mecanismo actual para tratar con los bienes ligados a delitos, por lo que sugirió la instalación de un protocolo común con todos los Estados con los que el país tiene acuerdo, para identificar los activos de los deportados y extraditados cuando inicie la cooperación con el país solicitante.

Explicó que la idea es que se identifiquen los bienes antes del apresamiento, de manera que se incluyan en las condenas en los tribunales extranjeros que soliciten al imputado o que, si son dejados fuera, sean seguidos de cerca por las autoridades locales.

Dijo que ese es el caso de Yubel Enrique Méndez Méndez, “Oreganito”, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y a quien apuntó que las autoridades le inventariaron más de 40 mil inmuebles en la investigación, cuyo destino se desconoce.

“Los encubren y cuando cumplen allá, vienen y disfrutan aquí. Se declaran insolventes allá y aquí son ricos de la ilicitud”, criticó Villalona, quien manifestó que se trata de un hecho histórico del cual se aprovechan los criminales que son apresados en el país.

“Ya se detectó esa enfermedad y tenemos que proceder a curarla”, insistió el procurador, quien dijo que en esa labor interviene la Procuraduría y los Estados solicitantes.