Se puede evitar más dolor con la Ley 368-22

Las imágenes, dantescas, parecían sacadas de un campo de guerra. Los vehículos destruidos, los cristales rotos, los heridos ensangrentados o quemados y los primeros fallecidos a la vista de todos dolían. Una explosión causó destrucción y desolación en la calle Padre Ayala de San Cristóbal.

Ayer había 27 muertos, 59 heridos, nueve edificaciones afectadas y cuatro parcialmente destruidas. Los rumores sobre la causa son diversos, como pasa en pueblo chico, pero la más lógica apunta al traslado de unos equipos conectados a un tanque de gas, trabajo que hacía un soldador.

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Ayer, tras los justos reclamos ante la falta de regulación a las industrias y estaciones de combustibles (competencia de municipios y Gobierno), el ministro Víctor -Ito- Bisonó le dio un giro a la historia: dijo que en el terreno no había tanquerías.

Con tanques o sin, en el país existe un problema grave de uso de suelo: empresas, industrias y envasadoras están ubicadas en medio de la gente. Por ello, el 3/10/2020, con la explosión de Coopegas, en Licey al Medio, 11 murieron; el 5/12/2018, en Polyplas (DN) hubo 8 muertos y 103 heridos; y en el 2016 estallaron 4 envasadoras, entre ellas SolGas (Los Ríos), con 3 muertos y 40 heridos. La Ley 368-22 regula el uso de suelo para evitar esto. Es hora de que se aplique. No puede haber más dolor.