La secretaria de la oficina presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se querelló contra el diputado Víctor Bisonó, el senador José Hazim Frappier y Leonardo Matos Berrido, a quienes acusa de falsificar su firma en un documento que depositaron en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La querella fue interpuesta por Carmen Paredes López ante la Procuraduría General de la República (PGR), según informó ayer el Partido Reformista Social Cristiano a través de una nota de prensa.
La acusación también incluye la violación a la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, según sostiene el partido.
En la instancia que fue depositada en la Procuraduría, Paredes López explica que la referida comunicación en la que se suplantó su firma “nunca la había tenido en sus manos, ni en original ni fotocopia, por lo que no es cierto que la haya recibido, como quisieron dejarlo establecido con la falsificación de su firma en el sello gomígrafo que está en la parte superior izquierda del documento”, dice textualmente la nota.
“La firma de recibo que se me atribuye es totalmente falsa y el sello que aparece fue escaneado mediante un medio electrónico, por lo que los imputados al hacer uso de la misma, se hacen reos de la comisión de los ilícitos de asociación de malhechores y uso de documento falso, previsto y sancionados en los artículos 150 y 265 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 18 de la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología”, dice un párrafo de la querella.
El origen del hecho. El abogado de la querellante, Rafael Sena Rivas, explicó que los imputados, en un proceso judicial que cursaba en contra de ellos en el TSE, depositaron una comunicación supuestamente dirigida al presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, en la que daban a entender que Paredes López fue la persona que recibió la comunicación que ellos habían enviado en su condición de secretaria de la presidencia del PRSC.
Sena Rivas explicó que como Bisonó y Hazim Frappier son legisladores estos deben ser juzgados en jurisdicción privilegiada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).