Se requiere racionalidad frente al genocidio civil

Tras una serie de errores del grupo ultranacionalista, que han acentuado el persistente rechazo de la comunidad internacional y la próxima visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aparecen indicios de que el gobierno contempla alternativas a la sentencia que dejaría sin nacionalidad a miles de personas.

El diálogo con el gobierno haitiano, impulsado por Venezuela, y un mejor manejo del proyectado Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes abren espacio de diálogo, mientras se atribuye al expresidente Leonel Fernández preocupación por la presión internacional y el esbozo de alternativas.

La sugerencia de Venezuela. En la opinión pública no se entendió por qué una comisión de alto nivel, presidida por el Ministro de la Presidencia, tuvo que volver a Venezuela tres días después de que fuera a explicar la posición del gobierno dominicano frente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que despojaría de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos nacidos en el país descendientes de haitianos.

La explicación se conoció el jueves con el comunicado en el que el gobierno dominicano se avino a dialogar con el de Haití para “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”. Eso es ni más ni menos lo que han pedido no sólo el gobierno haitiano, sino relevantemente todos los organismos nacionales e internacionales y las naciones caribeñas.

No se puede olvidar que el grupo de 14 países agrupados en el Caricom ha radicalizado el rechazo internacional a la sentencia, tanto como condicionar el solicitado ingreso de RD a ese bloque, su retiro del Cariforo y hasta su exclusión de las facilidades del programa venezolano Petrocaribe. Aunque aquí muchos restaron importancia a la posición de los caribeños, la realidad es que son un amplio bloque de 14 naciones con peso diplomático en el sistema interamericano y en otros organismos internacionales, con los que tanto Venezuela como Cuba han contado en los últimos años.

Es obvio que Venezuela sugirió al gobierno dominicano que dialogue con Haití, a cambio de lo cual lograba el aplazamiento de una reunión del Caricom que habían convocado esta semana para plantear acciones contra el genocidio civil de los domínico-haitianos.

Fisuras en el gobierno. Desde el principio no ha habido unanimidad en el gobierno sobre la adopción sin reparos de la aplicación de la sentencia del TC, y el tremendo rechazo de la comunidad internacional y la próxima llegada de la CIDH, han acentuado las diferencias. Hasta en el entorno del presidente Medina hay quienes promueven una “solución diplomática” y plantean retomar la posición original del mandatario cuando al reunirse con un grupo de los domínico-haitianos excluidos les pidió excusas por el daño que se les ha hecho, dejó interrogantes sobre la retroactividad de la sentencia y proclamó la necesidad de buscar una “solución humanitaria”.

Incluso hay quienes no entienden por qué el mandatario no ha reivindicado sus planteamientos y ha permitido que entre sus funcionarios y los dirigentes de su partido predominara la posición de la minoría ultranacionalista que pretende un enfrentamiento con toda la comunidad internacional a nombre de una soberanía limitada por los tratados internacionales, por lo menos en materia de derechos humanos.

Los radicalismos en que ha incurrido el grupo ultranacionalista, aliado político del partido gobernante, han acentuado las fisuras en el gobierno y partidarios, donde algunos consideran que se han justificado acusaciones de actitudes fascistas con actos como los gritos de “muerte a los traidores” en manifestaciones ante el altar de la patria y en Santiago, publicación de un “album de traidores a la patria”, quema publicitada de una novela del crítico Mario Vargas Llosa, a quien llegaron al extremo de considerar agente pagado, hostilidad contra su hijo Gonzalo Vargas Llosa, representante en el país del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, estigmatización a las organizaciones no gubernamentales y persecución y acoso a periodistas, juristas y hasta a las dos juezas que objetaron la sentencia.

La visita de la CIDH. La visita de la CIDH fue finalmente acordada para la semana del 2 al 5 de diciembre. Se dijo que por lo menos seis de los siete titulares del organismo y su director ejecutivo constituirán la misión que sostendría reuniones con los funcionarios gubernamentales, entidades de la sociedad civil, grupos de afectados por la sentencia y con forjadores de opinión pública. Al final darían una rueda de prensa.

De acuerdo con su firme rechazo de la sentencia y lo dicho por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la misión buscaría ayudar al gobierno a abrir espacio para una solución acorde con los principios de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, sin esperar un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por su jurisprudencia implicaría una salvaguarda de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

La CIDH adelantó parte de su posición cuando el viernes 8 dijo públicamente que deseaba visitar el país a más tardar a principio de diciembre, antes de que se fuera a comenzar a implementar la sentencia del TC. El organismo tiene facultad para pedir a la corte una medida cautelar a favor de los afectados hasta que la Corte Interamericana conozca el caso. Por lo menos 18 afectados ya recurrieron ante la comisión desde hace dos años.

¿Mediación de Leonel?

Dos de los participantes en la reunión de casi cuatro horas que sostuvo el presidente del PLD y expresidente de la nación Leonel Fernández con sus aliados políticos el lunes 18 confirmaron que allí se discutió ampliamente la sentencia y sus consecuencias y que el líder político manifestó preocupación por el rechazo de la comunidad internacional.

El doctor Fernández habría enfatizado la necesidad de buscar alguna salida que atenúe la presión internacional “sin dejar mal parado al Tribunal Constitucional”. Esbozó la posibilidad de reconocer la nacionalidad a los 13 mil 672 domínico-haitianos que serían afectados de acuerdo al inventario relámpago que hizo la Junta Central Electoral, pero sin que se especificara una fórmula. En círculos políticos y hasta diplomáticos se ha barajado una posible mediación del líder peledeísta, quien hablando en Nueva York poco después de la sentencia, hizo reservas sobre su carácter retroactivo.

Lo primero es que no hubo unanimidad ni voluntad de los participantes para asumir la promoción de la sentencia. José González Espinosa y Rafael Peguero Méndez, del Partido de los Trabajadores Dominicanos y del Partido Popular Cristiano, incluso se manifestaron en contra de la desnacionalización de los domínico-haitianos y se quejaron de “mal manejo” de la situación. El representante de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, esbozó la posición radical de ese grupo en favor del TC, y Miguel Mejía, del Movimiento Izquierda Unida, se quejó de la ineficacia de la diplomacia dominicana para terminar sugiriendo un apoyo del bloque de partidos.

Lo del genocidio civil y la crítica evaluación del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington, que considera que el país marcha en dirección a un régimen de partido único, consumieron gran parte de las más de tres horas y media que duró el encuentro y centraron las preocupaciones de Fernández. En ningún caso se concretó una respuesta colectiva.

Lo del Consejo de Migración

El comunicado tras la reunión el viernes del Consejo Nacional de Migración también fue expresión de prudencia gubernamental, al no pretender esta vez vincular el Plan de Regularización de Inmigrantes, que se viene discutiendo desde hace dos años, con la desnacionalización de los domínico-haitianos, como han hecho algunos.

De forma escueta se informó el plan que sería proclamado próximamente por decreto presidencial, que conllevaría una primera etapa para programar, presupuestar y organizar su implementación, y luego documentar y regular la entrada y permanencia en el país de los trabajadores inmigrantes, mayoritariamente haitianos.

La idea del plan ha tenido respaldo generalizado de organizaciones sociales, incluso las que trabajan en defensa de los derechos humanos, aunque una primera propuesta de la Dirección General de Migración fue criticada por los costos que conllevaba. Ese organismo puso en práctica su plan a partir de abril del 2012 y en año y medio sólo logró regularizar a 205 obreros. Migración comenzó cobrando 15 mil pesos sólo por emitir el carnet final, y aunque lo ha rebajado a 8 mil, aún ese y los demás costos que con- lleva lo han hecho inviable.

Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Acnur han alentado el Plan de Regularización, comprometiendo ayuda. Pero se rumoró que no se sintieron satisfechos con que se vinculara un viejo apoyo a la circunstancia derivada de la sentencia del TC. Todas las agencias de las Naciones Unidas vinculadas han cuestionado las implicaciones de la desnacionalización masiva. Y se sabe que el PNUD propuso tres alternativas al gobierno, favoreciendo el reconocimiento de los derechos fundamentales, como el de la nacionalidad y evadiendo la apatridia, las cuales estarían siendo consideradas por el gobierno.