POR TANIA HIDALGO
Fuentes empresariales informaron que ejecutivos de Plaza Lama y de la Dirección General de Aduanas sostendrán hoy a las 4:00 de la tarde un encuentro para analizar las declaraciones aduanales hechas por el centro comercial, de manera que se pueda aclarar el impase surgido.

Las fuentes dijeron que el fundamento del impase se debió a diferencias en las declaraciones aduanales «que es lo que precisamente se analizará entre ambas partes».

Según se informó a HOY, la reunión fue coordinada por personas muy allegadas tanto al director general de Aduanas, Miguel Cocco Guerrero, como a los ejecutivos de Plaza Lama, quienes están en la mejor disposición de aclarar lo que corresponda.

En ese sentido, las personas que propiciaron el encuentro han pedido a ambas partes prudencia para que, sentados en la mesa del diálogo, se pueda lograr un entendimiento cuanto antes, tras argumentar que dicha situación trae inseguridad a empleados, suplidores y otras personas, que directa e indirectamente están relacionados con Plaza Lama.

Consideran estas personas que Plaza Lama es un símbolo del comercio en el país, que ha servido de sostén a miles de familia por 75 años.

El pasado viernes, la dirección de Aduanas dio un plazo de 48 horas a la empresa Plaza Lama para que pague RD$252 millones por evasión de impuestos y advirtió que si incumplen procederá a cerrar el establecimiento.

En tanto, ejecutivos de la empresa calificaron como «selectiva y violatoria» a las leyes vigentes, las presiones de Aduanas, al tiempo de señalar que no existe ninguna intervención judicial que le haya condenado al pago de una sanción «tan extravagante y abusiva».

De su lado, el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, advirtió que la empresa Plaza Lama no puede ser allanada sin la orden previa de un juez, porque las pruebas obtenidas serían ilícitas y no podrán servir de sustentación para la acusación que presumiblemente cometieron los ejecutivos de esa entidad.

«De lo que se trata es de una interpretación por parte del Director General de Aduanas, Miguel Cocco, de cómo deben ser ejecutadas las facultades que le atribuye la ley general de Aduanas. El dice que el allanamiento a Plaza Lama puede hacerse sin orden de un juez y sin la presencia de un fiscal y yo digo que debe ser requerida por el fiscal a un juez, quien, si lo entiende prudente, la otorga y entonces el fiscal ejecuta», precisó el fiscal el pasado sábado, al ser abordado por periodistas de HOY en relación al recurso de inhibición interpuesto en su contra por el funcionario de Aduanas.

De su lado, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que aunque no ha sido notificado sobre el recurso, le está dando seguimiento al caso.

Cocco Guerrero solicitó al fiscal no mezclarse en el ejercicio de las atribuciones de los oficiales de Aduana, las cuales están amparadas en el artículo 5 de la ley número 3489 para el Régimen de Aduanas y los artículos 30, 32 y 44 del Código Tributario.

De acuerdo a la instancia presentada por Aduanas contra el fiscal, el pasado día 13 oficiales de esa entidad, acompañados de auditores, intentaron penetrar a los establecimientos de Plaza Lama con el fin de realizar las investigaciones de lugar, siendo «arbitraria e ilegalmente impedidos de ejecutar las mismas por el digno representante del Ministerio Público del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, quien ordenó su expulsión de dichos locales, so pretexto de que las actuaciones que se intentaban ejecutar se hacían al margen de las disposiciones establecidas en el nuevo Código Procesal Penal, incurriendo, sin pretenderlo, en el quebrantamiento de los artículos 127 y 128 del Código Penal».

Señala que esos artículos establecen sanciones para los funcionarios del orden administrativo o judicial que incurran en el crimen de usurpación de autoridad.

Agrega que después de haber intervenido el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, con el objetivo de que se permitiera actuar a los oficiales de la Dirección de Aduanas, el fiscal finalmente accedió, a «regañadientes» a requerir de la juez de la instrucción una autorización de allanamiento para permitir, exclusivamente, una investigación en los establecimientos de Plaza Lama, aplicando a «rajatable lo que él unilateralmente considera el debido proceso de ley que presuntamente señala el nuevo Código Procesal Penal, e impidiendo, a ultranzas, la incautación de documentos, libros o mercancías que permitieran encaminar adecuadamente  la investigación del fraude aduanero».

Indica que con ello se impidió además que se pudiesen tomar las medidas de seguridad tendientes a proteger las pruebas de las infracciones y la distracción de las mercancías mediante el cierre temporal de los establecimientos tal y como la gravedad del caso lo requerían.

Añade que el fiscal, incluso amenazó a Cocco Guerrero con «meterlo preso» si procedía al cierre temporal de los locales de Plaza Lama «desconociendo así su autoridad en materia de aduanas  e inmiscuyéndose y obstaculizando las funciones que le reserva la ley».