El más reciente implicado en el caso de presunta corrupción conocido como Operación Antipulpo, ya tiene nombre y apellido. Se trata de Olguín Marte García, quien hasta el pasado miércoles se desempeñaba como coordinador provincial del Ministerio de Medio Ambiente en la dirección provincial de Santo Domingo.

La información fue ofrecida por Medio Ambiente a través de un comunicado en el que explica que, tan pronto se tuvo conocimiento de su detención, el ministro Orlando Jorge Mera tomó la decisión de desvincularlo.

El Ministerio Público ejecutó ayer más de 20 allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y Monseñor Nouel, vinculados al supuesto entramado de corrupción y lavado de activos que habría encabezado Alexis Medina Sánchez.

Un comunicado precisa que los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

Además de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, guardan prisión preventiva por el caso Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), y Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la desaparecida OISOE, respectivamente.

Además, Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, acusados de testaferros de Medina Sánchez.

De igual forma, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.

El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.