Hoy 
POR UBALDO GUZMAN M.
Las constituyentes no se logran mediante decretos, sino a base de la movilización popular, sostuvo ayer el jurista Eduardo Jorge Prats, miembro de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional.
«Este es el único país en que se pretente que el Presidente, por obra y gracia de que se le pida, convoque una Constituyente. Las constituyentes se ganan en los espacios populares de movilización», dijo.
Jorge Prats hizo las consideraciones al participar en el panel sobre «Mecanismos de transparencia y participación en el diseño de la nueva constitución», auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
«La Constituyente se arranca al poder político y yo apoyaría esa movilización. Yo siempre he sido partidario de la Constituyente, principalmente cuando vamos a transformar la República», sostuvo.
Sin embargo, dijo que el país vive un proceso de elecciones populares.
«En un Estado constitucional, los mecanismos legales son legítimos, no son ilegítimos. La iniciativa del Presidente de someter un proyecto de reforma es legítima porque es legal, porque si nosotros disociamos la legitimidad de la legalidad, ese el primer paso para la dictadura», dijo.
Señaló que la Constituyente no es mecanismo de reforma contemplada en la actual Constitución y que se incluirá en la nueva Constitución, así como el referendo.
El panel, celebrado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), fue moderado por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS. El sociólogo Wilfredo Lozano se encargó de comentar la exposición de Jorge Prats.
Las palabras de apertura fueron pronunciadas por Mary Fernández, presidente del Consejo de Directores de FINJUS, quien señaló que el país se aboca a un proceso de reforma constitucional que debe garantizar, de entrada, una nación más democrática y más cercana al ciudadano.
Jorge Prats consideró que cuando el poder constituyente, como ocurrió en Venezuela, se arroga los poderes constituidos, se da un golpe de Estado constituyente.
«Yo le temo a la Constituyente como el Diablo a la cruz, porque la Constituyente somete a un estado hipnótico a un país, y eso tiene sus consecuencias y Venezuela es el mejor ejemplo», dijo.
Expresó que en el país no hay participación popular, lo que debe consignarse en la nueva Constitución. La participación popular, dijo, debe empezar por el municipio, lo que transformará la relación sociedad civil y Estado.
Indicó que eso terminará con la monopolización de parte de grupos corporativos de la representatividad popular, porque empoderará al ciudadano de a pie y no a un grupo de iluminados o de organizaciones élites que pretenden controlar la representatividad de la sociedad civil.
A su juicio, la Constitución debe garantizar que la clase media alta no controle un proceso que debe ser de amplia participación popular.
Cree que si la nueva Constitución no responde a los anhelos y las expectativas del pueblo, tendrá sus consecuencias.
Expresó que el país no puede hacer una Constitución como hizo en el 2001: en un aposento, sin consulta popular.
«Los mismos que hoy piden la Constituyente fueron los mismos que hicieron la Constitución en el 2001 en un aposento, sin participación ni consulta popular», dijo.
El jurista señaló que la nueva Constitución establecerá una amplia libertad de cultos, de asociación religiosa y de igualdad entre los diferentes credos.
Indicó que pesar de que el Estado es laico, el cristianismo está muy vinculado al pensamiento republicano. Puso como ejemplo el lema trinitario «Dios, Patria y Libertad» y la Biblia en la bandera.
«Esos son valores republicanos culturales que tienen importancia no sólo por la religiosidad misma, sino porque están vinculados directamente con la República Dominicana como nación independiente», sostuvo.
Consideró que se necesita más municipios, pero menos provincias y regidores honoríficos. Cree que entre más diputados tenga el país es mucho mejor, aunque se impondrá en la nueva Constitución un Congreso más pequeño.
De su lado, el sociólogo Wilfredo Lozano dijo que la riqueza de contenido del proyecto de reforma constitucional se cercenaría por la premura de la entrega de la propuesta.
