Julio E. Diaz Sosa 
Julio E. Diaz Sosa
Nuestra intención al utilizar este título para este trabajo de opinión no es de ninguna manera peyorativa hacia nuestros hermanos guatemaltecos y su hermosa nación, sino colocar en perspectiva que una baja presión tributaria y cifras macroeconómicas estelares no son suficientes para alcanzar un desarrollo económico inclusivo.
Para muchos colegas economistas, Guatemala resulta ser un país aburrido de analizar, ya que nunca sucede nada extraño en términos macroeconómicos, pues el país mantiene una estabilidad envidiable para los estándares de la región. Por ejemplo, de acuerdo con estadísticas del Reporte de Perspectivas de la Economía Global (WEO, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía guatemalteca creció en promedio un 3.6 % anual entre 2013 y 2023. En ese mismo período, la inflación promedio fue de 4.3 %, el ahorro nacional bruto promedio fue de un 15.7 % del PIB, y la deuda pública promedio se mantuvo en un 26.9 % del PIB, muy por debajo de los niveles de endeudamiento de sus pares latinoamericanos con economías similares, lo que la hace una deuda sostenible. El déficit fiscal promedio fue de 2.0 % del PIB. Por otra parte, la presión tributaria promedio fue de 11.6 % del PIB, una de las más bajas de la región, y el gasto público total promedio fue de un 13.6 % del PIB. En cuanto al sector externo, el balance promedio de la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un superávit de 0.7 % del PIB.
A través de estas cifras macroeconómicas, Guatemala parecería ser la envidia de todos, pues cumple con los estándares de agencias calificadoras de riesgo, bancos de inversión y organismos multilaterales de financiamiento, entre otras entidades. Sin embargo, el país posee un Estado pequeño e ineficaz, que reproduce un sistema educativo de baja calidad que limita las oportunidades laborales. A esto se añade el impacto del cambio climático, a través de desastres naturales, que ha contribuido a una incidencia continua y alta de pobreza. Según cifras del Banco Mundial para 2019, antes del inicio de la pandemia, alrededor del 54 % de la población estaba por debajo del umbral de pobreza (US$6.85 en paridad de poder adquisitivo de 2017 por día), solo ligeramente por debajo del 55.4 % en 2014, la última estimación oficial de pobreza. El censo de población de 2018 proporciona algunos indicadores sociales básicos que confirmaron una disminución moderada en la tasa de pobreza nacional multidimensional, que pasó del 27.8 % en 2014 al 24.4 % en 2018.
El aumento significativo en las remesas y el crecimiento económico sostenido entre 2014 y 2019 contribuyeron a la reducción de la pobreza, pero una disminución en los ingresos laborales (en todos los niveles de educación) limitó el progreso. Durante este período, se estima que la desigualdad aumentó, pasando de un coeficiente de Gini de 0.483 a 0.541, manteniéndose alta en comparación con los estándares globales, aunque ligeramente por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Guatemala se caracteriza por un alto nivel de exclusión étnica, social y económica, especialmente en las regiones norte y noroeste del país.
En cuanto al Índice de Capital Humano (ICH) según el Banco Mundial, este aumentó de 0.44 a 0.46 entre 2010 y 2018; sin embargo, el puntaje general del ICH del país sigue estando muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Un puntaje de ICH de 0.46 indica que un niño nacido en Guatemala en 2018 alcanzaría solo el 46 % de la productividad de por vida que hubiera logrado si hubiera tenido acceso a una educación completa y a plena salud. Los indicadores de capital humano son deficientes entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes, quienes representaban alrededor del 44 % de la población en 2018. En las áreas más remotas, estos indicadores sugieren una dispersión regional de los resultados de capital humano, altamente correlacionada con los niveles de pobreza. Además, estos indicadores se acercan a los niveles de varios países de bajos ingresos en el África Subsahariana, a pesar de que Guatemala es un país de ingreso medio alto.
Guatemala es el vivo ejemplo de que no basta con tener las cuentas fiscales saneadas; si no hay una presión tributaria relativamente alta que permita un Estado grande y eficiente, no habrá una planificación y ejecución adecuada de políticas de desarrollo, siempre contando con instituciones fuertes. Por consiguiente, la República Dominicana debe mirarse en ese espejo, porque cuando los motores del crecimiento comiencen a agotarse, como lo describió el Banco Mundial en un informe reciente, los indicadores sociales y de pobreza se deteriorarán aún más, lo que podría causar una ebullición social sin precedentes.
Desde esta tribuna, exhortamos al Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, a reconsiderar su posición sobre retirar la reforma fiscal, ya que todos sabemos que como país la necesitamos para alcanzar un desarrollo económico sostenido a largo plazo. El gasto de capital en infraestructura será fundamental para el desarrollo y para atraer inversión que inserte al país en las cadenas de valor globales a través del nearshoring. Sin embargo, también necesitamos mejorar nuestro sistema educativo para lograr este objetivo, así como nuestro sistema sanitario, que será otra pieza clave en el mejoramiento de la productividad.
El centro del debate sobre dicha reforma debe enfocarse en la siguiente pregunta filosófica: ¿Qué tipo de Estado queremos? La respuesta a esta pregunta debe surgir de un debate abierto e inclusivo de todas las fuerzas vivas de la nación: partidos políticos, empresarios, sociedad civil, iglesias, jóvenes, mujeres. Todos debemos estar conscientes de la necesidad de anteponer los intereses individuales en favor de la colectividad. De esta discusión sincera debe surgir una reforma fiscal integral que aborde de manera holística los desafíos que nos plantea el siglo XXI, en relación con la inteligencia artificial, su impacto en la productividad, el empleo y la cohesión social de los dominicanos. La reforma debe mejorar el gasto público para robustecer las redes de protección social, que permitan implementar un ingreso básico universal cuando sea necesario. Todo esto será esencial para mantener la paz social en el pueblo dominicano en las generaciones por venir, y este es el momento indicado para discutirlo de manera serena y firme. De lo contrario, podríamos acabar siendo otra Guatemala, quizás peor, sin cohesión social.
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