Al argumentar que evita caer en una «falsa interpretación de un conflicto de intereses», la secretaria del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Tomasina Tolentino de Mckenzie, firmó una notificacón de inhibición dirigida a las más altas autoridades de dicho órgano fiscalizador del Estado por el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por quien la Procuraduría General de la República solicitó información financiera por supuestas irregularidades durante su gestión.

En el documento, que está en poder de este diario y tiene fecha del 19 de agosto del año 2021, Mckenzie detalla que una de las razones principales de su abstención en el referido caso es porque laboró en Hacienda y Guerrero era su «superir jerárquico». Cuando Mckenzie trabajó en el organismo encargado de ejecutar las políticas fiscales del país en el 2015 era directora de Planificación y Desarrollo.

La secretaria de la Cámara de Cuentas motivó su decisión de inhibirse basada en el artículo 69 de la Constitución de la República sobre la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, en la Ley 107-13, que tiene que ver con los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de manera puntual en el artículo 3, sobre los Principios de Actuación Administrativa, que incluye, entre otros: Principio de buena fe; Principio de coherencia; Principio de Ética y Principio del debido proceso.

«Es oportuno establecer que, el Principio de imparcialidad exige que la posición de la Administración frente al (los) administrativo (s) sea análoga, evitando inclinaciones debido a circunstancias ajenas a su función…», puntualizó la funcionaria. Y añadió: «(La imparcialidad) debe apreciarse desde el punto de vista del funcionario. Allí nace la figura de la inhibición como la abstención voluntaria del titular a los miembros del órgano que ha de actuar».

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Así detalló Mckenzie su decisión, al afirmar que cuenta con el derecho de inhibirse.

Se recuerda que  Donald Guerrero es señalado de beneficiarse del erario junto a más de 200 personas físicas y jurídicas, un supuesto entramado que representó beneficios de más de RD$17,000 millones.