POR PEDRO GERMOSEN
El presidente y otro miembro de la comisión de Turismo del Senado afirmaron ayer que inversiones por cientos de millones de dólares están estancadas porque la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no quiere cumplir la ley que libera terrenos para su explotación turística. Los senadores Enrique Seijas y Dagoberto Rodríguez Adames pidieron al presidente Leonel Fernández que haga que esa cartera respete la ley sectorial de áreas protegidas.

Dijeron que, entretanto, miles de moradores de zonas olvidadas, muy pobres y desprotegidas quedan a merced de la desidia e irrespeto a la ley por parte del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig.

Seijas, quien representa la provincia de La Romana y preside la comisión de Turismo del Senado, dijo que pese a la existencia de la ley, las autoridades no quieren otorgar los permisos correspondientes para que se hagan las inversiones.

Significó que la referida ley sectorial permite la construcción de instalaciones turísticas, por lo que hay cientos de inversionistas a la espera de que la secretaría de Recursos Naturales ponga en vigencia el reglamento y otorgue los permisos.

Indicó que los proyectos producirían miles de empleos.

Señaló que incluso se aprobó y fue acogido por los inversionistas que las instalaciones, entre otras condiciones, no tengan más de tres pisos para evitar choques ecológicos como ocurre en México y Jamaica.

Seijas advirtió que si el país no se abre a este tipo de inversiones habrá serios problemas porque el turismo que vendrá será el más barato.

Tras señalar que «el Gobierno ha fracasado en traer nuevas inversiones», Seijas dijo que la cerrazón de la secretaría de Medio Ambiente contribuye al estancamiento de la economía.

Por su lado, Rodríguez Adames, de Independencia, se quejó también de que Medio Ambiente y Recursos Naturales no entrega las certificaciones correspondientes para que se inicien los proyectos turísticos.

Afirmó que la ley sectorial de áreas protegidas está secuestrada por la citada cartera.

Manifestó que de la explotación de las áreas liberadas de Bahía de las Águilas depende el desarrollo y bienestar de los moradores de cuatro provincias del Sur.

Afirmó que constituye un crimen de lesa humanidad que mientras el Suroeste «se cae a pedazos», autoridades se dediquen a frenar las posibilidades de bienestar de aquellas poblaciones.