Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El secretario de la Junta Central Electoral (JCE), Antonio Lockward Artiles, entregó ayer al Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), documentos que demuestran, según él, irregularidades cometidas por ex jueces del tribunal electoral, encabezados por Roberto Rosario, quien fue ratificado como juez y designado presidente de la Cámara Administrativa.
Lockward Artiles, quien permaneció por más de tres horas en las oficinas del DEPRECO, afirmó que el contrato para la automatización del Registro Civil, suscrito con el Consorcio SOMO, contó además de Rosario con el respaldo de los jueces electorales Rafelina Peralta, Rafael Díaz y Ramón Hernández.
El secretario de la JCE habló a los medios de comunicación, tras un descanso en su conversación con el subdirector del DEPRECO, Hotoniel Bonilla. “Yo traje documentos, mis experiencias y mi olfato al Departamento de Prevención de la Corrupción”, expresó.
Afirmó que previó a referirse a este tema conversó con funcionarios gubernamentales, como el doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Lockward Artíles dijo no tener dudas de que el juez Rosario fue el mentor del contrato con el consorcio Soluciones Modernas (SOMO), tras afirmar que dicho acuerdo tiene múltiples irregularidades.
A seguidas, el secretario de la JCE, calificó como “un crimen” que el Senado haya escogido a Rosario como presidente de la Cámara Administrativa.
El DEPRECO inició las investigaciones entorno a la denuncia de que existen irregularidades en el contrato para automatizar el registro civil y establecer el voto electrónico.
Sobre este particular, Lockward Artiles, dijo que resulta sospechoso que se dispusiera de un pago de RD$100 millones a SOMO a pocos días del cambio de los jueces electorales.
“Y es más sospechoso aún que Rosario solicite mi cancelación alegando conveniencia en el servicio, cuando soy el principal denunciante del caso”, expresó Lockward Artíles. Entiende que este tipo de acciones ponen a los dominicanos broncos.
“Parece que el consocio SOMO no existe, que lo que existe es una empresa recogedora de basura llamada SOINCO, esa empresa estuvo contratada con la administración de Santo Domingo Norte, la sindicatura de Santo Domingo y ahora la nueva administración del municipio rescindió ese contrato”, dijo.
Alegó que se opuso a determinados pagos y que retiro uno, “la factura 13 que era de un millón 300 mil dólares”.
Dijo que habría que preguntarle a la actual administración para saber cuánto se le ha pagado a SOMO.
En su conversación con periodistas, hizo referencia a un alegado plan orquestado en la JCE, para cancelar varios funcionarios, entre ellos a la directora de Recursos Humanos y el director de Elecciones de ese tribunal.
