POR ODALIS MEJIA
El secretario de Medio Ambiente afirmó ayer que desconocía los planes de inversionistas franceses en la zona de Bahía de las Águilas y que se enteró por los medios de comunicación de la iniciativa de invertir US$600 millones en la construcción de hoteles en esa zona protegida.

Negó que haya estudios de impacto ambiental para intervenir en la zona, tal como afirma el secretario de Turismo, Félix Jiménez, ya que en Medio Ambiente nadie ha retirado los términos de referencia correspondientes para hacer ese tipo de evaluación.

Puig no ha sido partícipe en el proceso que inició Jiménez para la explotación turística de los parques nacionales del Este y Jaragua, pese a que forma parte de la comisión creada por decreto para el posible uso de áreas protegidas. “Queremos saber de que se trata. Queremos tomar conocimiento de lo planteado”, indicó.

El funcionario indicó que está a la espera de que los inversionistas lleguen al país para conocer la  propuesta de explotación turística en el sur del país, al asegurar que serán evaluados con el rigor de la ley

“Según lo que he leído en la prensa  se presentó un estudio al presidente de la República, quien invitó a los inversionistas al país y que cuando vengan, será evaluado de la misma manera que se valúan los demás proyectos con apego a la ley y con garantías para los inversionistas. Estamos a la espera de conocer el proyecto del que no tenemos conocimiento”, expresó.

Recordó que hay zonas que están vedadas para las instalaciones de grandes infraestructuras físicas, pero que esperará conocer “bondades y limitaciones” del proyecto.

DEMANDA

En otro punto, Puig se mostró confiado en que la justicia norteamericana sancionará debidamente a la empresa AES Corporation, la cual fue sometida en Estados Unidos por la introducción de las 59,000 toneladas al país de rockash.

Dijo que la demanda de 80 millones de dólares se basa en que la empresa violó las leyes federales de los Estados Unidos que establecen la responsabilidad final de materiales tóxicos de la parte emisora.

Informó que AES le envió una carta en la que rechazaba negociar con el gobierno el pedimento para que resarciera los daños y se encargara de la salida del material del país. Según Puig, la empresa sostiene que no tiene responsabilidad alguna con el rockash.

“Si hemos dado el paso estamos seguro que la demanda tiene todas las posibilidades para salir adelante”, expresó Puig al apuntar que cuentan con pruebas y elementos contundentes que garantizarán una apertura del juicio.

Informó que otros países, entre ellos Trinidad y Tobago, le han contactado para conocer detalles del sometimiento que sienta un precedente e iniciar futuras acciones por casos similares de que han sido objetos.

Con relación a las protestas de las comunidades de Quisqueya, San Pedro de Macorís, y Palenque, San Cristóbal, para que no sea incinerado el rockash en las cementeras ubicadas allí, Puig dijo que al parecer las personas no cuentan con suficiente información y garantizó que librarán al país de ese material tóxico.

Garantizó que se tomarán las medidas necesarias para no afectar la salud de ningún habitante del país, tras apuntar que no quieren trasladar un mal, sino eliminarlo.

“A Palenque, Nizao que estén tranquilos y que no pierdan el sueño porque todavía estamos analizando las medidas de lugar para la decisión final que tomaremos”, indicó.

Puig consideró como urgente la salida del rockash que en el caso de Samaná está cayendo al mar.