La presión para que cese la violencia que deja más de 350 muertos en Nicaragua creció ayer con pronunciamientos de la ONU, Estados Unidos y países de América Latina, mientras en Managua se denunció la muerte de 18 campesinos y se aprobó una ley que castiga por terrorismo a quien destruya o dañe bienes públicos y/o privados.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de “inaceptable” la cantidad de muertos y el uso de la fuerza en el marco de la crisis en Nicaragua y afirmó que es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos. “Hay una cosa evidente, el número de muertes es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable”, afirmó Guterres.
El secretario general de la ONU añadió que “es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia, que se revitalice el diálogo político, porque solo una solución política es aceptable».
Guterres aseguró que los buenos oficios de la ONU están a disposición para trabajar en una solución pacífica al conflicto, pero subrayó que la región también debe tomar liderazgo y contribuir. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que “lo que sucede en Nicaragua demanda una reacción de la Organización de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia generalizada».
Por su lado, el Departamento de Estado de EE.UU. condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y avisó al presidente Ortega de que cada nueva víctima en las protestas “mina aún más” su legitimidad.
El Gobierno de EE.UU., que ha sido muy crítico con Ortega, reiteró su petición para que se celebren elecciones “anticipadas, libres, justas y transparentes” como vía para salir a la crisis. En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que “la situación va de mal en peor”, y que se reunirá con el ministro secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist.