POR EVARISTO RUBENS
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) pidió ayer al gobierno y al Congreso que no le pongan impuestos al sector agropecuario local que no tengan los productores de los países con los que van a competir los agricultores dominicanos.

Al rechazar el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en los insumos esenciales que usa la agropecuaria nacional, la JAD pidió “que nos den los mismo incentivos que reciben nuestros competidores, porque es la única manera en que podemos competir en condiciones igualitarias”.

Añadió que si no es así, el país sería abarrotado de productos extranjeros más baratos que los criollos y que ante esa realidad, el consumidor dominicano preferirá los extranjeros y la agropecuaria dominicana tendrá que acabarse.

“Eso es lo que le hemos planteado al gobierno en las diferentes reuniones”, expresaron los voceros de la JAD durante una rueda de prensa ayer.

En esa actividad hablaron José Antonio Martínez Rojas, presidente; Mario Velázquez, vicepresidente y Osmar Benítez vicepresidente ejecutivo de la JAD, así como Cesáreo Contreras, presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores y Miguel Zaglul, del Patronato Nacional de Ganaderos. 

A la rueda de prensa también asistieron el presidente del Senado, Andrés Bautista, productor avícola, y otros agroempresarios.

La JAD entregó copias a los medios de comunicación, de un comunicado que envió al presidente Leonel Fernández y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Bautista y Alfredo Pacheco, así como a Marino Collante, presidente de la Comisión de Finanzas, de la Cámara Baja, fijando su posición sobre el proyecto de ley sobre reforma tributaria.

El documento, que firman 39 organizaciones del sector agropecuario, expresa lo siguiente:

-Reiterar al gobierno dominicano y al Congreso Nacional la necesidad de mantener, como ha sido hasta ahora, la exención del pago del ITBIS a los insumos, equipos y maquinarias utilizados en la producción agropecuaria.

-Mantener nuestra posición de que se excluyan los terrenos rurales, así como la infraestructura productiva agropecuaria y agroindustrial, del pago del 1% del impuesto a los activos.

-Que se excluya del pago del impuesto Ad-valorem de un 15 % las matrículas de vehículos de motor empleados exclusivamente en la agropecuaria, como son tractores, cosechadoras, motocultores, cortadoras y niveladoras, entre otros.

“Creemos que en la coyuntura actual, el sector agropecuario dominicano debe ser apoyado para que se transforme, modernice y reconvierta y compita en condiciones similares a los productores de los países integrantes del DR-CAFTA”, sostienen.

-Proponen  que en lugar de crear cargas impositivas, que se traducirán en factores de costos y que serán pagadas por productores y consumidores, se estimule un aumento de la competitividad, creando condiciones favorables para la incorporación de tecnologías que aumenten la productividad, reduzcan las pérdidas y mejoren la calidad e inocuidad de los productos.

-Reiteramos nuestra propuesta de realizar una Alianza Estratégica Gobierno-Congreso Nacional y sector productivo agropecuario para aprovechar el Proyecto de Reforma Tributaria y reposicionar de manera competitiva la actividad agropecuaria y agroindustrial.

-Creemos oportuno poner en marcha un Programa de Apoyo Directo a los Productores de los bienes más sensibles a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, particularmente, a los productores de arroz, habichuelas, leche, ajo, caña de azúcar, cebolla, carne de res, cerdo y pollo.

El comunicado de la JAD agrega que el sector agropecuario, representado por 39 organizaciones firmantes, les dice a las autoridades y al país, su posición respecto al proyecto de  reforma tributaria sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, vía la Cámara de Diputados que “queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al  Presidente Leonel Fernández por su actitud positiva y su permanente disposición de diálogo”.

De igual manera, reconocemos la buena disposición mostrada por Juan Hernández, director de Impuestos Internos; Miguel Cocco, director de Aduanas y Amílcar Romero, secretario de Agricultura, miembros de la Comisión Especial designada por el presidente Fernández para explorar un acuerdo con nuestro sector.

“Con ellos logramos importantes y notables avances en las conversaciones, pero no pudimos resolver de manera satisfactoria el principal elemento de mortificación y desasosiego que hoy vive el sector agropecuario:  la imposición del ITBIS a los insumos esenciales que utiliza el campo dominicano”.

A lo largo de todo el proceso vivido desde que se introdujo el proyecto de ley al Congreso Nacional, “nos hemos reunido con las autoridades de todos los partidos políticos del país, con nuestros legisladores y la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, para solicitar un trato diferenciado al sector más sensible de la economía nacional”.

Sostienen que el sector agropecuario es el único que tiene que enfrentar permanentemente el efecto de los fenómenos naturales, como son los huracanes, las fuertes lluvias y las inundaciones que hoy anegan los campos; las frecuentes sequías, los tornados y las nuevas plagas y enfermedades que no pueden ser controladas por los agricultores, provocándoles fuertes pérdidas que nadie compensa, como ocurre en los países más avanzados.

El comunicado de la JAD también expresa que más de tres millones de dominicanos, la mayoría muy pobres, viven en las zonas rurales y laboran duramente todos los días para proveer más del 70% de los alimentos que consume la población.

“Con mucho esfuerzo y a pesar de todas las limitaciones que tenemos que enfrentar, contribuimos con el 12% del Producto Interno Bruto, generamos más de US$500 millones de divisas, y aportamos casi el 20% de los empleos de la economía nacional”.

El sector agropecuario dice que se ve ahora obligado a enfrentar, en una lucha desigual, los desafíos que trae el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (RD-CAFTA), donde sus productores agropecuarios disfrutan de grandes ventajas y privilegios que nunca han tenido los de República Dominicana.