POR MARIO MENDEZ
El sector industrial del país ha decidido emprender una cruzada para que sea aprobada, tal como ha sido planteado en el proyecto de reforma fiscal presentada al Congreso, los incentivos fiscales que otorga la Ley 28-01 a las empresas que se instalen en las provincias fronterizas, debido a las «serias distorsiones que esta situación generaría en el sistema impositivo dominicano y por las dificultades que crearía a las empresas que operan en el resto del territorio nacional, se informó ayer.

De acuerdo a lo informado, la Asociación de Industrias visitará hoy a las 10 de la mañana el Congreso Nacional, para reclamar, de manera formal, la eliminación de los incentivos que otorga la señalada ley.

En los últimos días, representantes del sector empresarial han expresado públicamente su apoyo a la propuesta de eliminar los incentivos que otorga la Ley 28-01 por considerar que crearía un ambiente de iniquidad en el cobro de los impuestos, en perjuicio de las empresas que operan en el resto del país y del propio Estado, que vería reducir sus ingresos porque muchas empresas, para poder competir con las beneficiarias de esa Ley, tendrían que cerrar sus operaciones o trasladarse a las provincias fronterizas para mantener su participación en el mercado.

Entre quienes objetado los incentivos fiscales otorgados por esa ley, está el presidente de la Confederación Patronal, Virgilio Ortega Nada, quien advirtió que esa ley provocaría pérdidas de empleos debido a que las empresas que no operan en la zona fronteriza se verían perjudicadas.

«Entendemos que debe haber un balance en el incentivo que se haga para crear nuevas empresas y más empleos, y no desplazar las que están», expresó Ortega Nadal.

También se opuso a la Ley 28-01 la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Yandra Portela Vila, quien advirtió que los incentivos que la misma ofrece desestabilizarían a las empresas ya establecidas.

Advirtió que esa ley crea serias distorsiones en detrimento de los sectores productivos.

También se abogó por la eliminación de esa ley el ex-presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Marranzini, para quien de ser mantenida esa iniciativa legislativa, «el Estado podría quedarse sin recaudaciones».

Dijo que esa pieza podría llevar a la quiebra al sector empresarial que no es favorecido por los incentivos que otorga.

El ex-director de la Dirección General de Impuestos Internos, licenciado Juan Hernández, también favoreció la eliminación de esa Ley porque «crearía un gran caos en el régimen impositivo del país».

Hernández reveló que ya hay empresas que están poniendo en las facturas que son beneficiarias de esa Ley, para gestionar con las empresas que les venden que no les cobren el ITBIS ni ningún otro impuesto.

Además, Hernández denunció que «hay muchísimos vivos que están vendiendo en el exterior esa ley de incentivos a inversionistas» y que han hecho de los incentivos «un verdadero negocio».

Hernández advirtió que si la ley 28-01 no es eliminada, muchas empresas que operan fuera de la zona fronteriza no podrían sobrevivir a la competencia desleal que harían las empresas que se benefician de los incentivos fiscales otorgados.

Esa  Ley  ofrece  a  las  empresas ya instaladas y a establecerse en siete provincias  dominicanas de la frontera con Haití, exención total en el pago de  los  impuestos internos,  de  aranceles de aduana sobre materia prima, equipos  y maquinarias,  «así como cualquier tipo de impuesto», durante un período de 20 años. 

Adicionalmente, se les otorga un 50% de exención en el pago de uso de puertos y aeropuertos por igual período.

El sector industrial entiende que «esas extraordinarias ventajas impositivas que otorga dicha Ley representan una  grave  distorsión al régimen tributario que rige para las empresas que operan  en el mercado nacional, pues se crean beneficios especiales de Zona Franca  dentro  del  territorio dominicano (que sólo cuenta con 48 mil kilómetros cuadrados) sin  que  medien  las  restricciones que tienen las empresas de Zona Franca para la venta de los productos terminados en el mercado local».

Afirma ley crea inequidad

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Haina y vice-presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Richard Aróstegui, advirtió ayer que la Ley 28-01 «crea una serie del iniquidades entre los productores que se establecerían en la región fronteriza y los productores que están fuera de la zona fronteriza».

Aróstegui consideró que improcedente que se den concesiones tan generosas porque, si ocurriera así, sería imposible competir con las beneficiarias de esa ley.

Recomendó que sean eliminadas las exenciones del ITBIS, del impuesto selectivo al consumo y del impuesto sobre la renta, otorgadas por la señalada ley a las empresas que se establezcan en la zona fronteriza.

Advirtió que las distorsiones que genera esa ley son de tal magnitud que todas las empresas se verían obligadas a trasladarse a la zona fronteriza y, consecuentemente, el Estado no tendría empresas que aporten ingresos.

«Hay que ver la dimensión que trae esa ley al conceder esos beneficios tan generosos, en un territorio tan pequeño», expresó.

Dijo que está en desacuerdo con que se cree una diferencia tan grande entre las empresas beneficiarias de esa Ley y las empresas que tributan actualmente, las cuales son el soporte de gran parte de los ingresos del fisco.