Representantes del sector privado urgieron la aprobación del proyecto para reformar la Ley de Aduanas, el cual transformaría el rol de la institución de recaudador al de servicio.

Plantean que el proyecto de ley crea un marco legal único, lo que otorga mayor seguridad jurídica a los usuarios e inversionistas.

Entre los aciertos citan que se automatizarán los trámites y procesos, incluida la validación de la declaración electrónica; crea la ventanilla única de comercio exterior y establece regímenes aduaneros de incentivo a la exportación e inversiones.

Según María Esther Fernández, integrante del grupo de trabajo del sector privado que colabora con la mejora del proyecto que cursa en el Congreso, la pieza busca convertir a la República Dominicana en un “hub” logístico internacional, una de las mejores alternativas de crecimiento económico, lo que sería favorecido con la ampliación del Canal de Panamá.

“Nuestros centros logísticos podrían proveer a los agentes del comercio internacional un espacio adecuado para mantener las materias primas, bienes intermedios y productos terminados para que, cuando estos les sean necesarios, puedan acceder a ellos en la cantidad y en el tiempo en que se requieran”, sostiene la experta en una entrevista que aparece en el último número de la revista de la Cámara Americana de Comercio.

Plantea que la automatización y estandarización de los procesos, aunados a su aporte legal, tiende a reducir los costos de los usuarios de aduanas, pues ahorran tiempo y dan facilidades de exportación e inversión.

En la medida en que los usuarios de las aduanas puedan ser más eficientes en sus operaciones, en esa misma medida se incrementará la competitividad del país.

Sostiene que todavía no se ha logrado dar a la Dirección General de Aduanas (DGA) una visión que vaya más allá de su rol fiscalizador para entender su papel de brindadora de servicios.

“Identificamos todavía latente el rol recaudador de la administración aduanera y una de las consecuencias de ello son los breves plazos otorgados para las declaraciones aduaneras y la libre determinación de los montos de las garantías a ser prestadas por los usuarios a la institución”, señala.

Fernández dijo que el proyecto de ley concentrará todas las disposiciones aduanales en una ley y la adecuaría a los cambios realizados en el sistema legal.

Para Johanna Parra, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Herrera, se hace necesario un marco legal moderno, apegado a la normativa nacional y a los acuerdos que el país ha firmado.

La DGA se rige por la Ley 3489 de 1953.