POR HOMERO LUIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
En momentos en que se estudia en el Congreso Nacional, la ley de Reforma Fiscal, nos parece oportuno expresar ciertas reflexiones referentes al rol a desempeñar del sector público y el sector privado.

Terminada la guerra fría -de la forma que todos conocemos- en los países subdesarrollados el proceso de crecimiento a ritmo rápido exige, a su vez, que el proceso de independencia, como meta de la nación en su conjunto, sea admitido como resultado de la intervención de sectores y clases, en torno del objetivo común del desarrollo y de la liberación respecto de los factores externos.

Como así también exige que este impulso de independencia nacional no se vea perturbado por la interferencia de ideas extremistas estimuladas por intereses vinculados a las estructuras económicas, que por egoísmos estériles tienen la función política de oponerse rutinaria o subjetivamente a toda cooperación externa, aun cuando dicha cooperación tenga como norte el desarrollo y bienestar de esos pueblos.

El fenómeno histórica de la definitiva liberación del subdesarrollo de los pueblos rezagados es inexorable y el mundo no tiene otra alternativa que continuar encaminándose hacia una era de convivencia continua y de emulación no violenta, que se proyectará principalmente en la gran empresa común de cooperar en el desarrollo de esas regiones sumergidas. Otro camino podría significar una catástrofe con un final inédito.

Este nuevo panorama y «popular» tema de la globalización, si no se planifica de manera razonable nos arrastrará de una manera inevitable a momentos sombríos en que las protestas sociales de hace ya dos y tres décadas se multiplicarán e intensificarán hasta que los líderes mundiales comprendan la realidad y las necesidades reales de los pueblos. No el de sus propios y exclusivos intereses.

Es cierto que, después de la Segunda Gran Guerra, nuestros padres, quebrados por la crisis de los años treinta, sintieron la necesidad de establecer un Estado que los protegiera, los ayudara y los mimara desde la cuna hasta la tumba. Y, con la prosperidad llegando, este Estado providencial dispusiera rápidamente de medios financieros considerables, por medio de los cuales llegó a ejercer un poder excesivo sobre nuestras vidas. En esas condiciones, una reacción contra el «demasiado Estado» era inevitable. Tomó forma de un doble movimiento de «desajuste» y de «privatización», que aceleró luego de la desaparición de los gobiernos de Europa Oriental encabezados por la antigua Unión Soviética.

No falta quien nos quiera convencer que sólo las empresas privadas son poseedoras del monopolio de la reivindicación y bienestar de los pueblos. Que sólo ellas pueden salvar al mundo de los déficits crecientes, del desempleo; de la ruina, en una palabra. Sin embargo, llegará el día en que todos comprenderemos la realidad y retornaremos los pueblos al camino de la razón y la justicia.

A pesar de que las misiones del Estado y la empresa privada son diferentes, deben ser complementarias. El Estado debe defender el interés general, abasteciendo un cierto número de prestaciones de base y asegurando un equilibrio dinámico entre los actores sociales. Invirtiendo las recaudaciones e impuestos transparente y honestamente. La empresa privada debe defender en toda circunstancia sus intereses.

La empresa privada tiene el derecho de estar obsesionada por el dinero. El Estado debe desvelarse por asegurar las más elementales prestaciones de base a los pueblos: orden público, educación, justicia social, sanidad y seguridad nacional. Lo que no se puede es perder la división de funciones. No se puede esperar ni pedir a las empresas reemplazar, un poco al azar, el Estado. Ni continuar pidiendo al Estado de ocuparse de tareas que quizás fueran necesarias ayer, pero que hoy podría bien pasar al sector privado.

El Estado debe asegurar la estabilidad y continuidad del bienestar de los pueblos, y la empresa privada, con todos sus inmensos recursos, cooperar en esa tarea, pues al final del camino ello le beneficia igual.

Tanto uno como otro están en la obligación de contribuir en el desarrollo de nuestros pueblos y en la búsqueda del bienestar de la humanidad.