POR MARIO MENDEZ
El proyecto de ley que sanciona los delitos en el área de los combustibles y el que regula el transporte de los carburantes se convertirá con su aprobación por parte del Congreso Nacional, en un ente de regulación para detener «las viejas intenciones de desplazar a los transportistas de petróleo y establecer el monopolio de las empresas distribuidoras», advirtió el ingeniero Nelson Crespo, dirigente del sector.

Crespo dijo que todos los alegatos de las empresas distribuidoras contra la iniciativa legislativa que el Senado aprobó en dos lecturas el 22 de julio, lo que buscan es dejar el espacio para poder ir desplazando a los transportistas del negocio del petróleo para en cambio monopolizar la actividad, correspondiendo a vientos que soplan de los países desarrollados con la globalización.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo y de la Operadora de Transporte S.A, (OPETRASA), dijo que las empresas distribuidoras quieren romper el límite de 45% que le concede el proyecto de ley como participación con sus unidades en el mercado petrolero de la transportación, porque no quieren ser regulados en ese aspecto, de manera que poco a poco puedan ir prescindiendo de los contratos y ocupar el espacio dejados por las empresas afectadas.

Consideró que dejar las manos sueltas a las distribuidoras, sólo con la resolución 198 de la Secretaría de Industria y Comercio, les deja el camino disponible para dejar a los empresarios dominicanos con sus inversiones en el vacío al terminar un contrato de manera unilateral y caprichosa.

Expuso que incluso el propio proyecto aprobado por los senadores les deja a los distribuidores el beneficio de la duda, ya que les permite terminar una contratación en caso de que sean violentadas las normas de eficiencia establecidas por Industria y Comercio y exigidas por ellos mismos.

Señaló que el sector de los transportistas de petróleo están sorprendidos por la reacción de las empresas distribuidoras de los combustibles ante la iniciativa congresional. «Alegar la fusión de un proyecto de sanciones y uno de regulación de transporte es incompatible, no lo entendemos porque no hay ninguna contradicción entre un punto y otro.», sostuvo Crespo.

Razonó que los legisladores solamente han considerado que el sector transporte requiere un apoyo para la garantía y la permanencia en el negocio y han establecido por ley todas las regulaciones y reglamentos vigentes en la Secretaría de Industria y Comercio, y establece además indemnizaciones en caso de que las distribuidoras decidan cancelar nilateralmente, sin justa causa los contratos vigentes, dejando de lado las grandes inversiones en equipos y en instalaciones que requiere el transporte de combustibles».

Indicó que el legislador ha estado consciente de cuál es la situación por la cual los transportistas actualmente están desamparados y que necesitan de una ley que les permita subsistir dentro del sector de los carburantes.

Informó que cada camión para transportar combustibles tiene un costo promedio de 13 a 15 millones de pesos y que los transportistas manejan más de 300 unidades de la cual dependen miles de personas, por lo que tiene una importancia económica atendible.

Cada camión tiene empleado un chofer y su suplente, y de cada uno de ellos depende una familia. Pero además para el camión hay dependencia en talleres de mantenimiento, mecánicos, ayudantes, suplidores de piezas y servicios, es decir una verdadera industria que mueve numerosos segmentos laborales y asegura el sustento a miles de dominicanos, significó Crespo.

«Más los costos de las instalaciones, organización y demás, requeridos bajo contrato de costo plazo».

Interpretó que la reacción de las compañías distribuidoras reflejan una evidencia » de cuáles son sus planes y propuestas a corto y mediano plazo con este sector, y es el desplazamiento, dada la reacción de ellos».

Precisó que si existe un transportista eficiente, organizado, reconocido internacionalmente, entonces porqué hay que prescindir de sus servicios «simplemente si se quiere quedarse con mis servicios. Usted lo que está pretendiendo es desplazarme de mi medio de vida y éstas compañías buscan es la integración vertical del negocio para participar como un monopolio».

Argumentó que en cualquier mercado de un país con un sistema que esté regulado como el nuestro, los precios al consumidor son menores que en aquellos donde ya no existe la regulación.

Informó que donde quiere que las grandes empresas transnacionales han logrado romper las regulaciones del mercado y crear sus propias condiciones de participación de mercado, los precios al consumidor y los márgenes intermediarios participantes para ellos mismos son muchos mayores que en República Dominicana.

«Es decir que cuando se alega que los transportistas se les está favoreciendo con una ley lo que se hace es reconocer el esfuerzo, la dedicación y los grandes capitales invertidos en un sector bien eficiente, porque si aquí hay falta de combustibles no se debe a la falta de transporte. Se debe a que éstas compañías distribuidoras no son capaces de asistir a un país en crisis trayendo ellos, después que el gobierno les ha dado todas las facilidades de lugar el combustible necesario para abastecer este país y la demanda».

INDEXACIÓN

El proyecto de ley de referencia, dijo Crespo, intenta reconocer un ajuste por inflación acumulada en una economía que la moneda se ha devaluado en un 300% y la inflación subió a un 60%, una indexación que ha sido similar a la que se hace con la factura eléctrica y con otros sectores de la economía que sus costos son estimados en dólares.

Se trata de un ajuste necesario, reconocido y prometido por Industria y Comercio » no es más que un ajuste en los precios del flete por la inflación».

Ese ajuste se le ha ido reconociendo a los distribuidores de combustibles y al sector de los trailers. «El último aumento que se les hizo a los componentes de la cadena de distribución fue precisamente a los distribuidores, que recibieron un promedio de 30 centavos por galón ¿y a quién se le refleja, pues al consumidor?, naturalmente, pero esos son los ajustes necesarios por la inflación», insistió el dirigente empresarial.

Es algo similar a los ajustes de precios que hacen los gobiernos, a los ajustes que se hace la Refinería Dominicana de Petróleo, es decir, en todo el sector de la cadena de la distribución de los combustibles en el país, explicó.

Especificó que todos los costos de los transportistas son dolarizados, porque los equipos, los camiones, sus repuestos, todo se adquiere en el exterior.

SANCIONES

Al defender la iniciativa congresual el presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo, dijo que a sabiendas de que hay castigo para las deficiencias del transportista en cuanto a la participación del manejo de los combustibles en cuanto a la calidad, el faltante o cualquier irregularidad, entienden que la ley es necesaria para el país.

En cuanto a las distribuidoras, dijo no entender porqué se oponen a la pieza que no sea el interés de mantener el estatus quo para poder ir desplazando los transportistas con el aumento de sus unidades y la reducción de la otra participación.

«El legislador, al ver que te va a penalizar, también ha dicho bueno, si cuando ellos vinieron aquí a las vistas públicas que se hizo para la modificación del proyecto de ley para los hidrocarburos que es de ahí de donde surge todo esto, ellos nos demostraron a nosotros cuáles eran sus deficiencias e inquietudes, vamos a aprovechar para por ley ponerle ese elemento que le garantice la permanencia y que no le permita la discrecionalidad a las compañías distribuidoras de prescindir de un contrato que por mala gana del gerente actual, decidan cancelarle sus contratos a los transportistas».

Entonces, agregó, estos son planes, no locales, son compañías multinacionales, las cuales tienen sus proyectos internacionales de ir apropiándose de todas las operaciones en los diferentes países en los que participan.