La exministra de Educación Ivelisse Prats de Pérez y el vocero de la Coalición Educación Digna, Mario Bergés, calificaron ayer como una gran aberración la circular de la Dirección General de Migración que prohibe a los centros educativos recibir en las aulas a estudiantes extranjeros que no hayan cumplido con los requisitos legales para su permanencia en el país.

En tanto, el extitular de la cartera educativa, Melanio Paredes recordó que es violatoria a convenios internacionales sobre los derechos humanos y en especial sobre la protección a niños, niñas y adolescentes, y además una afrenta al partido de Juan Bosch, que está al frente del Estado.

Dijo que ya en la Constitución de Bosch de 1963 se protegía de manera expresa los derechos fundamentales al consignar que todos los habitantes pueden actuar en justicia para salvaguardar y defender sus propios derechos y sus legítimos intereses y que la del 2010 consigna el derecho a la educación, sin discriminación alguna.

La presidenta de la Federación Nacional de Colegios Privados, Amalia Incháustegui, consideró grave negar la educación a un niño o adolescente sin importar su estatus legal. No obstante, planteó que las autoridades con voluntad política busquen un mecanismo para que se dé documentos a los extranjeros.

Por su lado, Acción por la Educación entiende que la falta de documentación no puede ser impedimento para que los niños reciban educación. Considera que Migración debe hacer su trabajo de ordenar y reglamentar la estadía de los extranjeros, pero no en perjuicio de los menores que también pueden ser dominicanos, pero que carecen de actas nacimiento.

La reacción de Prats, Paredes, Bergés, Incháustegui y de Educa es por la circular de Migración 7475, remitida a Educación, en la que se le advierte atenerse a las consecuencias si inscriben a extranjeros ilegales.

Un derecho universal. Todos coinciden en que el país no se puede prestar a violar con esa disposición el derecho a la educación, que es fundamental y universal. También creen que afectaría a extranjeros y a miles de dominicanos que no poseen un documento de identidad, pese a haber nacido en el país y ser hijos de padres dominicanos, pero pobres.

Prats de Pérez dijo que si en Estados Unidos se adoptase esa aberración muchos estudiantes dominicanos se hubiesen visto afectados, porque es el país a donde más criollos han viajado de manera ilegal. Sin embargo, manifestó que por el respeto a los derechos humanos muchos se han hecho profesionales y hoy son jóvenes exitosos y un orgullo nacional.

Consideró que el Estado tiene que facilitar que los ilegales que nacen en el país puedan estudiar. Advierte que dejar esa masa de ignorantes al imperio del instinto y de la violencia podría atentar contra la estabilidad de la nación.

Recordó la medida adoptada por Milagros Ortiz Bosch cuando era secretaria de Educación, de permitir que niños y jóvenes ilegales fueran inscritos en las escuelas, por un asunto humanista.

Todos los entrevistados consideran que las autoridades deben buscar mecanismos que permitan que los niños y jóvenes que tengan problemas con sus documentos de identidad lo adquieran, para que esa situación no se constituya en un obstáculo que impida su acceso a la educación.

El artículo 63 dice que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

En tanto, el artículo 18 sobre la Nacionalidad dice que son dominicanos las personas nacidas en el territorio, con excepción de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio.

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