Sectores identifican problemas y apoyan pacto justicia y seguridad

Sectores identifican problemas y apoyan pacto justicia y seguridad

La politización de las altas cortes y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); inaccesibilidad, presupuesto insuficiente, uso excesivo de la prisión preventiva, y falta de una policía especializada en técnicas modernas fueron identificadas ayer como partes de las causales de la crisis y el déficit de confianza que afecta al sistema de justicia y su impacto en la seguridad ciudadana, en el Primer Foro “Hacia un Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad”

En el coloquio organizado por la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, formada por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), expusieron representantes de partidos políticos, de organizaciones estatales, empresariales, religiosas, sociales, académicas y sindicales.

Todos apoyaron la iniciativa de la Coalición para identificar esos problemas, buscarle solución y crear mecanismos para su seguimiento y cumplimiento, y aunar esfuerzos para la concreción de un Pacto Nacional en procura de la consolidación e institucionalidad del Estado social, democrático y de derecho en el país.

Justicia en “involución”. Para Laura Hernández, directora de la Defensoría Pública, la justicia penal dominicana se encuentra en un proceso de involución, ya que en 12 años se han acentuado las mismas falencias del sistema inquisitivo, y la falta de recursos para la organización del sistema “se ha convertido en un obstáculo casi insalvable”.
En términos similares habló la magistrada Yokaurys Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces, quien reconoció que la imagen del Poder Judicial se ha deteriorado grandemente, y resaltó los esfuerzos que se hacen para mejorarla, no obstante la falta de presupuesto.

Para ilustrar la situación de los servidores judiciales, reveló que el 70% de ellos gana por debajo del sueldo mínimo establecido en la ley.

Opinión de los partidos. Para Federico Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la problemática actual de la justicia tiene su origen en la reforma constitucional del 2010 que creó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y cuya conformación está influenciada por el poder político”, y al Código procesal Penal (CPP).

Dijo que independientemente de los aspectos positivos del CPP, existe en la población la convicción generalizada de que sus disposiciones incentivan la comisión de actos delictivos por la falta de sanción adecuada a los victimarios, además de la impunidad que incentiva la reincidencia de dichos infractores de la ley.

Milagros Ortiz Bosch. Del Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfatizó en la necesidad de “despolitizar” ese poder del Estado, y dijo que la Coalición puede contar con esa organización política para la consecución de sus objetivos.
PQDC, PRSD, FA y FNP. Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata

Cristiano (PQDC), dijo que la realización del foro debe ser el inicio de un proceso de “despolitización” de las altas cortes y de “profesionalización” de los órganos responsables de la seguridad ciudadana.

Miguel Decamps, del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), dijo que con la reforma del 2010 hubo un retroceso en el sistema de justicia, al incorporarse al procurador general, y afirmó que los problemas se tienen que resolver cumpliendo la ley.

Fidel Santana, del Frente Amplio (FA), consideró que previo a un pacto debe haber un gran diálogo inclusivo en el que participen todos los actores de la vida nacional y no solamente la “cúpula” como ha ocurrido siempre en el país.

Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), planteó que para que ese pacto sea efectivo debe estar basado en un compromiso con la verdad, tras señalar que la violencia y la inseguridad avanzan en el país a pasos agigantados.

Opinión de las iglesias. El sacerdote Carmelo Santana, quien representó al presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, reiteró los pronunciamientos que han hecho sobre los temas tratados en el foro, y señaló que “algunos jueces son una vergüenza para el país”, por lo que hay que seguir saneando la justicia.

De su lado, monseñor Agripino Núñez Collado resaltó la pertinencia del Foro y del pacto propuesto por la Coalición, afirmando que en situaciones difíciles son buenos para conservar la paz y la gobernanza. Recordó los pactos para el Código de Trabajo, el de Solidaridad para los Códigos Arancelario y Tributario firmados durante la administración de Joaquín Balaguer, con los cuales, dijo, “empezó el despegue de la economía dominicana y vinieron las ayudas internacionales”.

Fidel Lorenzo, del Consejo Nacional de Unidad Evangélica (CODUE), dijo que es compromiso de los cristianos ser parte de todo lo anhelado por la sociedad, de pasar de un Estado presidencial, a un Estado institucional.

Sector educativo. José Armando Tavárez, de la Asociación de Rectores de Universidades, y Antonio Medina, de la Mesa de Decanos y Directores Escuelas de Derecho, dijeron que las academias de estudios superiores son actores claves para todo pacto que busque el compromiso colectivo para luchar por el fortalecimiento del sistema de justicia y la construcción de una sociedad más segura, y en ese sentido se comprometieron con el pacto.

Miguel Surun, del Colegio de Abogados, consideró que “mientras el Estado no resuelva los problemas de los barrios no habrá solución a la inseguridad”.

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