Tanto los nacionalistas como los prohaitianos tienen interpretaciones sobre la presencia de haitianos ilegales, aseguró ayer el Dante Ortiz, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Expresó que la solidaridad que piden los prohaitianos a veces se contrapone con el necesario control que deben tener las autoridades en la frontera y la regulación de los trabajadores ilegales haitianos.

Dijo que la posición de ese grupo es romántica, pues no aprecia el problema que se deriva de la presencia masiva de haitianos en la República Dominicana.

En cambio, dijo que los nacionalistas no valoran el aporte de la mano de obra haitiana y rescatan los elementos conflictivos entre ambos países, mientras apelan a la defensa de la identidad a través de la cultura, pero no se refieren a la cantidad de cubanos que viven en el país, de alta calificación profesional, que desplazan a los dominicanos de su centro de trabajo.

«Pienso que ambas son lecturas unilaterales de la problemática. Ambos son lecturas que no ven la totalidad. Ambas son lecturas que se niegan a una confrontación de todos los elementos en escena», señaló.

Ortiz habló sobre las relaciones dominico-haitianas en el «Encuentro insular República Dominicana-Haití», que se celebró en el Museo de Historia y Geografía, en el que participó también el economista Héctor Turbí.

A su juicio, las relaciones dominico-haitianas se encuentran en un punto muy conflictivo, debido a que el Estado haitiano está prácticamente disuelto.

Consideró que una democracia no puede existir sin clases sociales modernas, como ocurre en Haití, donde se registra un gran déficit institucional.

«Pueden existir las leyes, pero esas leyes no significan nada si no están las instituciones y los grupos sociales interesados en su aplicación y vigencia», dijo.

Consideró que Haití tiene una situación interna insoportable, y si no tiene un registro civil para sus ciudadanos, cómo algunas organizaciones no gubernamentales quieren obligar al Estado dominicano a hacer un registro que el vecino país no está en capacidad de realizar.

«Eso es un chantaje inaceptable, pero por otro lado, al interior de la sociedad dominicana existe una oligarquía nacional que se beneficia de la mano de obra hiperbarata de los haitianos», sostuvo.

Entiende que no es cierto que los haitianos son explotados más que los dominicanos.

Expresó que el país hay personas de doble moral, porque por un lado predican la defensa de la nacionalidad y, por otro lado, fomentan un subpago a la mano de obra haitiana, en detrimento de los haitianos y los dominicanos.

A su juicio, la República Dominicana carece de capacidad en salud para la población dominicana y se pretende que cubra a los inmigrantes haitianos que viven aquí.

Cree que todo Estado en el mundo es dueño de su jurisdicción y está obligado a hacer prevalecer su leyes y determinar quién entra y en qué condiciones entra.

Señaló que un sector de la sociedad dominicana pretende que el Estado dominicano no tenga control de quién entra y cómo permanece en el país y que no se repatrie.

«Pero todos nosotros vemos repatriaciones de Puerto Rico, de Cuba, y La Florida, y nadie dice nada sobre la política migratoria de esos países», sostuvo.

Precisó que Cuba y Estados Unidos, país de inmigrantes por antonomasia, no quieren haitianos.

Indicó que el Estado haitiano no hace nada para retener de su población, especialmente la que está edad laboral.

Expresa que una nueva ley de migración no resuelve el problema, sobre todo si es compulsiva e impuesta por potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos y Francia, interesadas en que se convierta el país en un enorme campo de refugiados haitianos.

Ortiz, quien hizo un balance histórico de las relaciones dominico-haitianas, indicó que una ley de migración debe ser el fruto de una discusión transparente entre los dominicanos, teniendo en cuenta el interés nacional. Favoreció, además, la aprobación de una ley comercio, a fin de superar el contrabando fronterizo.