Sectores también negocian varios proyectos de leyes mejorarán institucionalidad

Sectores también negocian varios proyectos de leyes mejorarán institucionalidad

POR LEONORA RAMÍREZ S.
Como parte de las negociaciones que mantienen los sectores empresarial, social y gubernamental para elaborar una propuesta de reforma fiscal, se elabora una serie de proyectos de ley para hacer eficiente la administración tributaria, y crear fondos de compensación a los sectores productivos.

La información la ofreció Elena Viyella de Paliza, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), quien detalló que las comisiones elaboran un proyecto de legislación sobre autonomía presupuestaria.

La creación de esa pieza se sustenta en el hecho de que, el gobierno, tradicionalmente no devuelve los tributos en exceso y eso crea problemas de competencia.

“Se han establecido mecanismos de compensación con un fondo aparte y con una autonomía presupuestaria y de administración, para que no vaya al presupuesto nacional,  y las devoluciones se puedan hacer automáticamente priorizando las de las exportaciones, porque no se pueden exportar impuestos, y a los insumos que paguen Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITEBIS).

De acuerdo con la propuesta, si en 60 días la administración pública no responde, el empresario lo puede deducir, aunque eso no le quita potestad al sector oficial para fiscalizar, dijo Villeya de Paliza en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

“Este proceso se busca mayor transparencia, menos evasión, y simplificación de los asuntos administrativos”.

Otro proyecto de ley que se discute es el de eficiencia tributaria, con el que se pretende eliminar una serie de trabas burocráticas, “porque hay demasiados impuestos sobre documentos y sellos, que son obstáculos administrativos que al Estado le cuesta más recaudarlos que lo que cobra en sí.

“Se ha hecho una recopilación de todos para eliminarlos, pero se quedarían impuestos de constitución de compañías y de traspaso de activos. Se está simplificando todo ese montaje que es sujeto de corrupción y de altos costos para la administración pública”, expresó.

El propósito de todo esto, dijo, es mejorar la administración tributaria, el Estado, y los sectores productivos, para que el país pueda moverse más ágilmente, porque a mayor apertura más eficiencia debe aportar el país.

OTRAS PROPOSICIONES DE AUTONOMIA

La empresaria también destacó que se elabora la ley de autonomía de la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduanas, para lograr más eficiencia, más transparencia, y mayor rendición de cuentas, mejorar la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Una de las claves fundamentales para la transformación del país es una buena ley orgánica de presupuesto, expresó Viyella de Paliza al destacar que la vigente tiene asignaciones y partidas a terceros, y destina una parte del mismo al pago de deuda que no tienen ningún tipo de rendición de cuentas.

En ese sentido, explicó que en el país debe haber rendición de cuentas de los recursos del Estado que todos aportan.

Asimismo, los empresarios también proponen la creación del Ministerio de Hacienda, donde se concentre el control de los ingresos del Estado, del crédito público y de los gastos.

Esa unificación permitiría, a su juicio, que los gobiernos sean más eficientes, transparentes, y puedan asignar mejor los recursos¼”así no nos salen proyectos descabellados o que no estén dentro de la estrategia de desarrollo”.

Viyella de Paliza manifestó que también es imperativo el establecimiento de una secretaría de Planificación y Desarrollo, cuyas acciones sean consonas con las promesas del partido elegido para gobernar.

Incluye la propuesta empresarial una ley de contratación y compras del Estado, porque con mayor transparencia sobre esos aspectos tiene que haber un ahorro importante en el gasto, a juicio de la empresaria.

El paquete también incluye a la Ley de Protección al Consumidor, que de hecho se conoce en el Congreso Nacional, igual que la de Competencia.

“Otra ley que no existe en el país que compense el quiebre de algunas empresas”.

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