BOGOTA (AFP).- El Congreso colombiano empezó a aplicar un dispositivo de seguridad para dotar de armas pesadas, carros blindados y vigilancia especial a sus miembros, tras la denuncia de que la guerrilla de las FARC planea secuestrar a legisladores para aumentar la presión en un canje de rebeldes presos por políticos y militares en su poder.

El senador Jaime Dussán sorprendió el martes al afirmar que «la guerrilla tiene el propósito de retener a algunos congresistas para presionar el intercambio humanitario».

«Las FARC (…) siempre está a la caza de nuevos actos delictivos para asustar a la población civil, para intimidar. De modo que de ellos todo se puede esperar», afirmó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Carlos Alberto Ospina, al referirse a la afirmación del senador.

La denuncia de Dussán generó un ambiente de tensión en el Congreso. Parlamentarios de las comisiones segundas que se reunieron el martes con los altos mandos de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Jorge Uribe, aseguraron a la prensa que se desató una gran preocupación entre los legisladores por los riesgos que corren.

El presidente de la Cámara de Representantes, Alonso Acosta, recibió solicitudes de varios congresistas para que les sea asignada vigilancia especial ante las amenazas, reveló la prensa local.

Acosta señaló que las autoridades comenzarán a distribuir esta semana entre los miembros de la Cámara de Representantes unos 90 carros blindados, que fueron adquiridos por un costo total de 17.000 millones de pesos (6,3 millones de dólares) y que serán asignados con base en un estudio sobre el nivel de riesgo de cada congresista.

Según Acosta, se pedirán nuevos recursos al gobierno para comprar más carros blindados para los representantes a la Cámara, pues muchos de los miembros del Senado ya disponen de ellos.

Además de los automóviles blindados, los parlamentarios recibirán armas para su defensa personal, que, de acuerdo con informes de la prensa, serán ametralladoras y pistolas.

Las autoridades del Congreso pedirán asimismo a los organismos de seguridad que adiestren a los legisladores en técnicas de defensa y manejo de las armas.

No obstante, muchos de los legisladores en riesgo han señalado a la prensa sus dudas de que esas medidas sean suficientes, principalmente en los casos de aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en las regiones por las que fueron elegidos y que tienen una compleja situación de orden público.

Aunque muchos de esos congresistas piden no ser identificados, el senador Jairo Clopatofsky dijo que es preocupante la denuncia porque «estamos viendo que la estrategia de las FARC es atacar todos los flancos y especialmente los débiles, y no estaría por fuera del contexto seguir con ese tipo de estrategias ilícitas».

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo insurgente del país -con unos 17.000 efectivos-, mantiene secuestrada a una veintena de políticos -entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt-, a unos 40 militares y a tres estadounidenses, que pretende canjear por unos 300 de sus militantes presos.

Sin embargo, el presidente Alvaro Uribe condiciona el intercambio a la liberación de unos 1.600 secuestrados en poder de las FARC, a la no desmilitarización de un territorio para la entrega, a que Naciones Unidas lidere las negociaciones y a que los rebeldes se comprometan a no volver a delinquir.